Una sociedad sólida y democrática se cimienta en la integración de todos sus habitantes, garantizando que sus voces sean escuchadas y que sus acciones contribuyan al bienestar común.
La participación ciudadana es un pilar esencial en la construcción de una sociedad sólida y equitativa, su fortalecimiento no solo impulsa la cohesión social y la inclusión, sino que también potencia el desarrollo del país. La historia demuestra que las naciones que han sabido canalizar la unidad y el compromiso de sus ciudadanos han logrado avanzar y prosperar.
La moderna noción de Nuevas Ciudadanías es una realidad que trasciende la procedencia y el estatus legal de las personas en un país. Se trata de una identidad social inclusiva que reconoce la diversidad de orígenes, experiencias y aportes de distintas poblaciones dentro de una sociedad. Este enfoque abarca a migrantes, refugiados, desplazados internos y otras poblaciones generalmente relegadas, promoviendo su integración y participación activa en la vida económica, política y cultural del país de acogida.
Ejemplos internacionales demuestran cómo la integración de migrantes ha impulsado el crecimiento de diversas naciones. Alemania experimentó un auge económico con la llegada de trabajadores turcos en el siglo XX, mientras que Estados Unidos ha basado su desarrollo económico en la diversidad de su población migrante. Canadá, por su parte, ha diseñado políticas de inclusión que han fortalecido su competitividad global.
Las Nuevas Ciudadanías y sus Poblaciones
El concepto de Nueva Ciudadanía se aplica a diversas poblaciones que, aunque históricamente marginadas, buscan mayor integración y reconocimiento dentro del tejido social. Entre ellas se encuentran migrantes y refugiados que buscan establecerse en un nuevo país con derechos y deberes equivalentes a los ciudadanos nativos, desplazados internos afectados por conflictos o desastres que requieren inclusión en sus nuevos territorios de residencia, personas en condición de discapacidad cuyo reconocimiento como ciudadanos plenos fortalece una sociedad más equitativa y accesible, comunidades LGBTIQ+ que han luchado por la igualdad de derechos y el reconocimiento legal de su identidad y relaciones, y hasta pueblos originarios que continúan enfrentando desafíos para el pleno ejercicio de su ciudadanía en términos de representación política, acceso a derechos y respeto a sus tradiciones y autonomía.
En tal sentido, la presencia de casi tres millones de venezolanos en territorio colombiano es un hecho. Estas personas, en su mayoría, son residentes desde hace casi una década: su incorporación a la sociedad colombiana es inapelable. Así que el cambio de mentalidad y de conciencia ciudadana es necesario para propiciar una convivencia productiva.
La integración de nuevos ciudadanos no solo es una estrategia social y económica, sino también una vía efectiva para reducir los índices de inseguridad y de informalidad. Gestionar la presencia territorial de la población migrante en la gobernanza permite planificar de manera ordenada y aprovechar su potencial productivo en beneficio de la sociedad. Además, facilita la planificación y administración de sectores clave como salud, educación, habitabilidad y economía, fortaleciendo el desarrollo del país. La participación ciudadana en este proceso no solo fomenta la inclusión y el fortalecimiento del tejido social, sino que también permite reconfigurar estrategias nacionales para abordar de manera efectiva los retos de integración.
La llegada de población joven representa una revitalización demográfica en ciudades como Medellín, donde, según datos de «Medellín Cómo Vamos», los migrantes venezolanos han contribuido a equilibrar la pirámide poblacional y dinamizar la economía local. Incorporar esta nueva ciudadanía no solo refuerza el crecimiento económico y social, sino que también permite un manejo más eficiente de políticas públicas orientadas a la seguridad y el bienestar colectivo.
Marco Jurídico y Políticas de Integración
La Nueva Ciudadanía en Colombia no debe limitarse a lo jurídico ni a los procesos de regularización migratoria. Se trata de un concepto más amplio que implica la integración efectiva de los migrantes en la sociedad, la construcción de una identidad compartida y el fortalecimiento de la democracia mediante la participación activa de todos los ciudadanos. Este enfoque permite que la migración no sea vista como una crisis, sino como una oportunidad de enriquecimiento social, económico y cultural para Colombia.
El Estado colombiano ha implementado diversas medidas para garantizar la inclusión de la población migrante, especialmente de origen venezolano. Algunas de las más destacadas incluyen el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), creado mediante el Decreto 216 de 2021, que dicta normativas para la regularización migratoria y el acceso a servicios esenciales como salud y educación, facilitando la estabilidad laboral de los migrantes; la Política Integral Migratoria (PIM), regulada por la Ley 2136 de 2021, que establece lineamientos para la gestión migratoria con un enfoque de derechos humanos e inclusión socioeconómica a través de programas gubernamentales y alianzas con el sector privado que han promovido la generación de empleo formal y el emprendimiento de migrantes venezolanos en Colombia (Banco Mundial, 2023).
Si bien estas políticas representan avances significativos, es necesario complementarlas con estrategias que fomenten la participación activa de los migrantes en la vida cívica y comunitaria del país.
Una Colombia más democrática, inclusiva y participativa
La construcción de una nueva ciudadanía, más inclusiva y plural, fortalece la democracia colombiana al ampliar la participación, permitiendo que la población migrante integrada aporte en debates públicos, elecciones locales y en la formulación de políticas que reflejen la diversidad del país. También fortalece la cohesión social, ya que cuando los migrantes se sienten parte de la comunidad, disminuyen las tensiones sociales y se generan redes de solidaridad.
La inclusión de migrantes venezolanos bajo un modelo de Nueva Ciudadanía aporta múltiples beneficios al país, como la dinamización de la economía mediante la inserción laboral y el emprendimiento de migrantes, lo que incrementa la productividad y el consumo interno (CEPAL, 2022); la diversidad cultural que enriquece las costumbres, la gastronomía y el arte, fomentando una identidad binacional; el aumento del capital humano con la llegada de profesionales y trabajadores calificados que pueden ser incorporados a sectores clave como la salud, la tecnología y la educación; y la proyección internacional de Colombia, consolidando la imagen del país en la región como un modelo de integración migratoria sólido.
La Nueva Ciudadanía no debe centrarse únicamente en la regularización de los migrantes, sino en su participación plena en la sociedad. La democracia colombiana se fortalece con la diversidad y la inclusión, y el país se beneficia económica y culturalmente al integrar a los venezolanos como nuevos ciudadanos. La clave está en promover una visión donde la migración no sea un desafío, sino una oportunidad de crecimiento colectivo.
