Por Douglas Zabala
El 15 de diciembre de 1957, el general Marcos Pérez Jiménez llevó a cabo un plebiscito en Venezuela con el objetivo de extender su mandato presidencial por cinco años más.
Este plebiscito, que fue ampliamente considerado ilegal y contrario a la Constitución de 1953, se convirtió en un símbolo de la manipulación política y la represión en el país.
La oposición denunció que el plebiscito carecía de legitimidad, ya que no se permitió la participación de otros candidatos ni se respetaron los procedimientos democráticos establecidos.
A pesar de las protestas y el descontento generalizado, el gobierno anunció que el 86.7% de los votantes había aprobado su continuidad en el cargo.
Este acto de autoritarismo y desprecio por la voluntad popular desencadenó una serie de eventos que culminaron en la caída de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, cuando una insurrección cívico-militar lo derrocó y restauró la democracia en Venezuela.
¿Acaso la historia se repite?
Hoy, Venezuela enfrenta una situación similar con el desconocimiento por parte del régimen del triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A pesar de que observadores internacionales y la oposición han presentado pruebas de que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador.
La historia parece repetirse. La comunidad internacional y los venezolanos deben recordar las lecciones del pasado y mantenerse firmes en la defensa de la voluntad popular y del artículo 5 de la Constitución que establece: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
