Un proyecto de resolución de la Cancillería de Colombia apuntaba a derogar una medida, creada desde 2019 y ratificada en 2021, que flexibiliza y reconoce el uso de los pasaportes vencidos a los migrantes venezolanos para facilitarles su permanencia, salida y entrada por puntos regulares hacia y desde Venezuela. Actualmente el costo de un pasaporte ronda entre US$216 y US$336.
En medios tradicionales y redes sociales creó gran revuelo la publicación de un proyecto de resolución que apuntaba a exigir pasaportes nuevos a los venezolanos para ingresar al territorio colombiano, echando por tierra una anterior medida adoptada por el gobierno antecesor de Iván Duque en favor de la diáspora que reconoce durante 10 años los pasaportes aún vencidos (hasta 2031)
Colombia, que acoge a más de 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos (37% del éxodo mundial), parece oscilar entre el retroceso y la ambigüedad desde el poder Ejecutivo frente a las medidas de protección diseñadas con anterioridad para los migrantes y refugiados de Venezuela, quienes han huido de la emergencia humanitaria compleja que no se detiene.
¿En qué consistía la medida?
El Departamento Nacional de Planeación de Colombia, publicó en su página web el pasado 24 de abril un proyecto para derogar la Resolución 2231 de 2021 que establece las “disposiciones para el ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio colombiano, para los nacionales venezolanos que porten el pasaporte vencido”, en pocas palabras, reconocía a los pasaportes caducados como documentos de identificación.
La Cancillería colombiana, a través del Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, consideró que los motivos que generaron la excepcionalidad de reconocer los pasaportes vencidos quedaron superados por el mero hecho del “restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Colombia y Venezuela y la reapertura de la frontera terrestre entre ambos países”. En el portal se establecieron apenas seis días para dejar observaciones y comentarios, pero la misma noche del 25 de abril el proyecto fue despublicado sin explicación alguna, como ya ha sucedido con información oficial relacionada con la migración.
Solo 24 horas después de la polémica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió en su cuenta en X (antes Twitter) lo que denunciaban los medios colombianos: “Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos.” La publicación daba por sentado que el proyecto no avanzaría. Luego el canciller (e) Luis Murillo, enviaba un mensaje más directo: “es importante que los funcionarios de esta Cancillería entiendan que la filosofía de este gobierno no es ponerle trabas a la población migrante, sino facilitarles su acogida, tienen que tener una concesión distinta».
Pero sí fue cierto. El proyecto estuvo en línea, permitía descargarlo junto a la Memoria Justificativa y llevaba el sello del proponente: el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, adscrito a Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano de la Cancillería. Tal vez una muestra más de la ambivalencia que en materia migratoria caracteriza al gobierno de Gustavo Petro, en la que parecen coexistir enfoques que van desde la protección, la restricción y hasta la réplica del discurso manipulador y revictimizante del gobierno madurista contra la diáspora.
¿Cuánto cuesta un pasaporte venezolano?
Lo que no relató la Cancillería colombiana en el proyecto son las persistentes limitaciones para acceder al derecho a la identidad de los venezolanos, que se traducen en barreras económicas, logísticas e institucionales para obtener desde un registro de nacimiento, una cédula o un pasaporte. Por ejemplo, para quienes están dentro de Venezuela el costo es de US$216, mientras el salario mínimo en el país es menor a US$5 (o sea, menos de 19,500 pesos colombianos mensuales). A esto se añaden los constantes y extensos cortes de electricidad, quejas sobre la caída del sistema, el no reconocimiento de los pagos, las brechas digitales entre la población y lograr obtener los demás documentos de identidad como la cédula y la partida de nacimiento, que exigen nuevos procedimientos.
Para los venezolanos que están en Colombia, el costo del pasaporte es de US$216 además de otros US$120 por concepto de aranceles consulares (que se deben entregar en efectivo), para un total de US$336. Adicionalmente a la demora en la llegada de las valijas con los pasaportes, a quienes el sistema les arroje un error migratorio estando en el exterior no pueden resolverlos en los consulados y deben solucionarlo a través de un familiar en Venezuela y pagar una multa de US$30, incluso exponerse a estafas de recurrir a gestores no oficiales.
Si bien existen seis consulados de Venezuela en el país (Bogotá, Medellín, Riohacha, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta), para quienes están en departamentos lejanos deben incluir costos asociados de traslado a esas sedes consulares, tanto para el trámite como para el retiro. Por ejemplo, un migrante en que resida en Cali, si opta por el trámite en Medellín deberá hacer viaje doble: recorrer casi ocho horas en carretera y contar con mas de US$100 para movilizarse para realizar la solicitud y el retiro del documento.
Otro aspecto, es que el pasaporte, ya sea vigente o vencido, ha sido un requisito reconocido para los migrantes (menores de edad y adultos) que se registraron para optar por el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento de regularización amparado en el decreto 216 de 2021 que da vida al ETPV (Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos). De paso, vale mencionar que la regularización por este mecanismo está cerrada y la promesa de Migración Colombia, de abrir un nuevo instrumento para octubre de 2023 sigue en el limbo: los migrantes siguen entrando a Colombia y se estima que casi 490 mil están sin regularización.
¿Qué hubiese sucedido con el actual permiso PPT que facilita la salida y entrada entre Colombia y Venezuela hasta 180 días?, ¿Cómo hubiese afectado el trámite de visas de residentes (R) para venezolanos bajo ETPV? Las interrogantes quedan para la reflexión.
Durante el tiempo que parecía inminente la aplicación de la medida, dejaba también en ascuas a los migrantes venezolanos en Ecuador, quienes quedaron sin asistencia tras la decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar las sedes consulares en ese país y tener como única opción acudir a los consulados en territorio colombiano.
La emisión de pasaportes venezolanos también se ha convertido en fuente de captación importante y constante de divisas para el gobierno de Nicolás Maduro a través de los consulados, debido a la gran demanda que no cesa. Por ejemplo, el arribo más reciente de la valija diplomática al Consulado en Medellín anunció la llegada de casi 300 pasaportes, que multiplicados por los 336 dólares que cuesta cada documento implicó el ingreso de unos 100,000 dólares estadounidenses al régimen venezolano. Esto, sin contar otros trámites también tasados en dólares, como prórrogas o visados. El venezolano, se encuentra entre los pasaportes más caros del mundo.
“Sería un grave retroceso”
Tras la alerta generada en medios y redes sociales, la preocupación e incertidumbre creció entre organizaciones de base comunitaria que atienden a la población migrante, oenegés de derechos humanos y especialistas e investigadores que siguen con detenimiento el proceso de la diáspora venezolana en Colombia y en la región.
“Esta decisión sería un grave retroceso. Según encuestas en el Darién, más del 90% de venezolanos que cruzan la selva no tienen un pasaporte vigente. Obtener un pasaporte es difícil y extremadamente costoso para la inmensa mayoría de los venezolanos. Muchos están huyendo”, alertó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
La fundación “Juntos Se Puede”, que trabaja por la población migrante en varias regiones de Colombia emitió un comunicado a la Presidencia y a la Cancillería de Colombia en el que advertía que «retroceder en los derechos para la población migrante es abrir paso a mafias y coyotes que trabajan en alianza con el ELN en la frontera, que son los únicos beneficiarios de la llegada de venezolanos de manera irregular”.
Mientras el Canciller colombiano ha anunciado sin mucho detalle la creación de visas especiales de trabajo para la población en situación de movilidad y que el país facilitará un corredor humanitario para los migrantes que quieren retornar a sus países de origen, la corriente parece ir en dirección distinta, si se toma en cuenta que el éxodo el venezolano no se detiene, ni se detendrá mientras persista la emergencia humanitaria compleja y el incierto panorama electoral que enfrenta el vecino país, que anhela una transición hacia la democracia
