El regreso del capital internacional a Venezuela todavía no es una recuperación generalizada: es una apertura selectiva, condicionada a garantías jurídicas, infraestructura y estabilidad política.
Opinión | Por Gilberto Martínez
Venezuela vuelve a aparecer en las agendas de multinacionales, fondos de inversión y empresarios internacionales, no porque haya resuelto de golpe sus heridas estructurales, sino porque conserva activos muy codiciados: petróleo, gas, tierras, mercado interno y talento humano, además de espacios económicos vaciados por años de crisis, controles y migración.
La puerta de entrada: energía
El movimiento más contundente proviene del sector petrolero. Chevron anunció en septiembre una inversión superior a 7.000 millones de dólares en cinco años, mediante sus empresas mixtas, con la meta de elevar la producción hacia unos 600.000 barriles diarios y desbloquear reservas en la Faja del Orinoco. En paralelo, Eni firmó el 2 de septiembre con PDVSA un contrato de 25 años que la convierte en operadora del campo Junín 5, en la Faja del Orinoco, y BP regresó en agosto con una licencia para operar la fase 2 del campo de gas Loran, costa afuera, junto a socios estatales de Emiratos Árabes Unidos y Catar, sujeta a aprobaciones regulatorias. Todo ello confirma que la energía sigue siendo la puerta de entrada del capital internacional.
Pero el fenómeno ya no se limita al crudo. Grupo Nutresa anunció en julio la adquisición de Helados Tío Rico, empresa que concentra más del 55% del mercado venezolano de helados y aporta un complejo industrial y marcas como Bati Bati, Crema Real y Chocolito. Es una apuesta por el consumo masivo y por recuperar posiciones comerciales.
Por su parte, AJE, multinacional peruana de bebidas, evalúa ampliar su planta de Valencia, aunque, según reportó Bloomberg Línea en abril, esta opera apenas entre el 5% y el 10% de su capacidad por las restricciones de divisas y las dificultades para importar insumos.
También regresan aerolíneas internacionales. American Airlines reanudó el 30 de abril los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años de interrupción. Según Bloomberg Línea, Avianca, Air Europa y Copa retomaron sus operaciones en Caracas desde septiembre, tras el cierre temporal del aeropuerto de Maiquetía por los terremotos de junio, y Qatar Airways inauguró en julio su ruta Doha-Caracas. LATAM, United y JetBlue han anunciado regresos o estrenos de rutas para los próximos meses, aunque algunas fechas aún no están confirmadas. Esa reconexión vuelve a unir a Venezuela con el comercio, el turismo y, sobre todo, con su diáspora.
En el ámbito del emprendimiento, la visita de Richard Branson al Startup Venezuela Summit simboliza el interés internacional por los nuevos negocios, aunque su mensaje fue claro: muchos inversionistas esperarán a que se celebren elecciones y exista un verdadero Estado de derecho antes de comprometer capital en serio.
No basta el anuncio
La distinción decisiva está entre el interés comercial y la inversión estructural. Comprar una empresa, reactivar una ruta aérea o importar insumos no equivale a construir fábricas, redes eléctricas, puertos o cadenas productivas de largo plazo.
El mayor obstáculo no es la falta de recursos naturales ni de consumidores, sino la desconfianza. Los acuerdos se estancan por incertidumbre sobre la independencia judicial, las expropiaciones del pasado, el arbitraje, los controles cambiarios y la resolución de disputas. El país arrastra una historia de reclamaciones internacionales, con casos emblemáticos como ExxonMobil y ConocoPhillips. Aunque el nuevo marco legal petrolero contempla arbitraje internacional, las empresas exigirán que esas reglas se cumplan de manera previsible, no solo que estén escritas.
A ello se suman deficiencias materiales en puertos, electricidad, agua, telecomunicaciones y logística. Una empresa puede decidir invertir, pero si no hay electricidad estable, insumos disponibles, seguridad para sus trabajadores y posibilidad de repatriar utilidades, el proyecto se pospone.
La Constitución no prohíbe la inversión privada ni extranjera: reconoce la propiedad, la libertad empresarial y la igualdad de trato entre capital nacional y extranjero. En hidrocarburos, reserva al Estado la actividad petrolera y mantiene a PDVSA bajo control estatal.
El problema no es la ausencia de normas, sino la credibilidad de su aplicación. El inversionista no pregunta solo si la Constitución permite invertir; pregunta si los contratos serán respetados y si las reglas sobrevivirán al ciclo político.
El impacto social oculto
Aquí está la dimensión menos comentada y quizás la más importante. La inversión extranjera no debería medirse solo en barriles, fábricas o utilidades empresariales, sino en su capacidad para reconstruir la vida cotidiana de los venezolanos.
Las remesas se han convertido en un pilar de la economía familiar, con estimaciones de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares anuales. Para muchos hogares, el envío de un familiar en el exterior es un ingreso decisivo. Ese flujo ha sido vital, pero también revela una dependencia: el país consume, en parte, con el esfuerzo laboral de quienes tuvieron que emigrar.
Si el capital global se traduce en empleo formal, producción nacional y salarios con poder adquisitivo, podría comenzar un rebalanceo social. No se trata de que las remesas desaparezcan, seguirán siendo apoyo familiar y vínculo afectivo, sino de que dejen de ser indispensables para la supervivencia de muchas familias. Una economía que genera oportunidades reduce la necesidad de emigrar por supervivencia y permite que la migración sea una decisión, no una condena.
El retorno de aerolíneas tiene, además, un efecto humano inmediato: cada vuelo transporta abuelas que ven a sus nietos, padres que regresan temporalmente y trabajadores que mantienen vínculos con su tierra. Y cuando compiten empresas formales, con nóminas, seguridad social y responsabilidad tributaria, aumenta la presión por mejores salarios frente al empleo informal.
El riesgo contrario también existe: una inversión sin políticas laborales serias puede reproducir enclaves de alta productividad rodeados de exclusión.
Una oportunidad con condiciones
El retorno del capital global a Venezuela es una oportunidad real, pero no una garantía automática de bienestar. Su impacto dependerá de tres condiciones: reglas estables, infraestructura funcional y distribución social del crecimiento.
Venezuela necesita pasar del anuncio a la institucionalidad: contratos cumplidos, arbitraje confiable, energía continua, puertos eficientes y una política tributaria predecible. Necesita, además, que el crecimiento se distribuya: que la inversión petrolera financie la diversificación: agroindustria, manufactura, tecnología, turismo y educación técnica; y se traduzca en empleo formal.
Si ello ocurre, el país podría iniciar una transición desde una economía de emergencia, sostenida por remesas y supervivencia, hacia una economía productiva, con empleo digno y menores incentivos para emigrar.
Si no ocurre, el interés internacional seguirá siendo una luz intermitente: brillante en los titulares, pero incapaz de iluminar de manera sostenida la vida de la gente.
