Jueves 8 de enero de 2026

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_VENEZUELA_

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Por Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández / Ilustración: Ernesto Cáceres

Previo a la noche en que Dulce* huyera de Tibú junto a su madre y sus cuatro hermanitos, entre disparos, todos descalzos y “pasándole por un lado a los muertos”, ocurrieron otros hechos que habían estremecido mucho más sus vidas.

Las ráfagas de las ametralladoras no dejan de resonar en la memoria de la adolescente, desde que en enero de 2025 recrudeció la guerra a muerte entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las disidencias de las FARC, por el control del Catatumbo, región ocupada por grupos rebeldes y organizaciones criminales que controlan extensas plantaciones de coca y el comercio de narcóticos. 

Dulce, quien migró desde el estado Miranda (Venezuela),  extiende los brazos para mostrar las cicatrices que le quedaron  tras haber  sido amarrada y amordazada junto a su madre por guerrilleros del ELN en una incursión anterior, a tan solo días de haber sobrevivido junto a sus hermanos, escondidos bajo una cama en medio de fuertes confrontaciones.

“Esa noche fue horrible, mis hermanitos no dejaban de gritar, de llorar. Al día siguiente fue muy impactante ver cómo amanecieron muertos muchos animalitos que iban para que nosotros les diéramos comidita, estaban allí tirados entre mucha sangre”, recuerda la adolescente de 15 años. 

Se le viene de golpe un hecho tras otro. Quiere contarlo todo, pero en voz bajita y entrecortada. Entonces, revive cómo días después sus dos hermanos, Felipe y Juancho, de apenas 9 y 11 años, fueron arrebatados de su familia.

Hombres encapuchados, identificados como miembros del ELN, volvieron a irrumpir en la finca cocalera “Las Palmas”, en el sector Campo Dos, en Tibú (Norte de Santander), donde vivía toda la familia, un enorme predio en el que también trabajaban sus padres: él como jornalero “raspador” de hoja de coca, ella como cocinera. 

“Lloramos, gritamos, les suplicamos que no se los llevaran, me los quitaron. Eran unos hombres altos, no se les veía la cara porque estaban tapados, solo se les veían los ojos”, murmura Dulce.

Carolina, la madre de 45 años y ella, se arrodillaron para implorar al dueño de la finca, un hombre apodado “El Mono”, que les prestara el dinero exigido por el grupo armado para devolver a los niños.  

Luego de dos días de angustia, ocurrió la liberación tras el canje económico, pero a cambio de llevarse a Carlos, el papá de los niños, de quien hasta ahora no hay noticias y hace parte de las miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia.  

«Después de haberlo golpeado mucho, desde lejos solo alcanzó a echarles la bendición a los niños mientras se lo llevaban”. Ese es el último recuerdo que le quedó a Carolina.

 Los mismos hombres del ELN, en su retirada,  acribillaron al dueño de la finca cocalera junto a su esposa y sus dos hijos. 

“Ahí, frente a nosotras, los arrodillaron y les dispararon a todos. Mi mamá se tiró al piso, los movía… pero ninguno respiraba”, Dulce reconstruye los detalles, pero hace pausas mientras extraña y llora a su papá. “No sé dónde está, ni siquiera sé si está vivo todavía”.

“Ahí, frente a nosotras, los arrodillaron y les dispararon a todos. Mi mamá se tiró al piso, los movía… pero ninguno respiraba”, Dulce reconstruye los detalles, pero hace pausas mientras extraña y llora a su papá. “No sé dónde está, ni siquiera sé si está vivo todavía”.

Tras ser testigos del asesinato, el grupo armado les ordenó voltear la mirada y bajo amenaza de muerte, a dejar el lugar de inmediato, en plena noche. 

«Se llevaron a muchísimos, la gente desesperada salió huyendo mientras le arrebataban a sus hijos. A quienes lograban pagar, los dejaban ir, pero a los que no podían, se los quitaban, a otros los mataban. Lo del ELN es el reclutamiento de niños y el cobro de vacunas», así repasa Carolina la noche de la huida.

El control ejercido por los grupos armados en este territorio alcanza tal nivel que ni siquiera los medios locales pudieron entrar a reseñar este ataque.

Infancia migrante: radiografía en medio de la guerra  

De acuerdo a información requerida por el equipo de Laboratorio Migrante al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  en el último decenio, 135 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas del conflicto interno (130 venezolanos, 4 ecuatorianos y 1 panameño). De ese total, el Programa de Atención Especializada de esta institución para víctimas de reclutamiento ilícito contabiliza 75 desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Las disidencias de las extintas FARC, son el grupo armado del que más se han rescatado y desvinculado a menores de edad migrantes y refugiados (45), seguidos del ELN con 16 y el Clan del Golfo o también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con 7. La mayoría tenía edades entre 14 y 17 años.  El 70 % de ellos eran varones.

Adicionalmente, otros 57 menores de edad venezolanos y con doble nacionalidad (colombo-venezolana) ingresaron a procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD).

Colombia es receptora de  2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos,  equivalente al 35% de esta diáspora en el mundo y que ha abandonado su país en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja sostenida desde hace una década.

De los 75 menores de edad migrantes desvinculados, solo 4 de ellos (colombo-venezolanos), al cumplir la mayoría de edad, tuvieron la oportunidad de hacer la transición hacia la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la instancia  que coordina los programas para la reintegración social y económica de quienes han dejado grupos armados ilegales.

Según el ICBF  “en el caso de los extranjeros que no cuentan con nacionalidad colombiana (62 niños, niñas y adolescentes), el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) de acuerdo con la normatividad vigente no los certifica como desvinculados de grupos armados organizados”, lo cual imposibilita que accedan a una ruta de reintegración social, asegura la institución, en respuesta a un derecho de petición interpuesto por este equipo reporteril. 

Sobre los otros 62 niños desvinculados, el ICBF no dio respuesta pese a las solicitudes de información de este equipo. En 2023, otro reporte de UNICEF e ICBF estableció que entre 2013 y 2022,  35 menores de edad venezolanos fueron reclutados por grupos armados y que tenían doble nacionalidad (colombo-venezolana), fueron registrados en el programa de atención a desvinculados como colombianos y no como migrantes forzados, pese a que su arraigo es mayoritariamente venezolano.

El reporte también señaló que 15 de esos casos fueron reclutados como tal en Venezuela y 20 en territorio colombiano (la mayoría en Norte de Santander, seguido por Arauca y Vichada, ).

Hace 20 años el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1612, que dio origen al Mecanismo de Monitoreo y Reporte sobre las graves violaciones cometidas contra niñas y niños en tiempos de conflicto armado. 

El instrumento evalúa a Colombia desde 2008, pero es desde 2021 que ante el Consejo de Seguridad de la ONU, informes del Secretario General, António Guterres, comienzan a detallar por vez primera los crímenes de guerra perpetrados contra la infancia y adolescencia migrante y refugiada venezolana en el país (1,2,3,4,5, 6). 

Por ejemplo, en el dosier de 2021 (que compila los años 2019, 2020 y 2021) se describe cómo actores armados en suelo colombiano cometieron delitos como: reclutamiento y uso,  asesinato, mutilaciones, secuestros, violaciones y demás formas de violencia sexual.

Extractos de informes presentados por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre niños y conflicto armado en Colombia, de graves violaciones documentadas entre 2019 y 2025

Afectación diferenciada 

“Los grupos armados durante décadas han intentado establecer una narrativa o normalización de la vinculación de adolescentes mayores a 15 años a sus filas y asegurar que lo hacen voluntariamente”, indicó una fuente en terreno, que pidió resguardar su nombre para proteger las operaciones humanitarias.  

Sin embargo el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados y del que Colombia es signataria, es claro: prohíbe a los grupos armados ilegales y a las fuerzas armadas de un país el reclutamiento y utilización de menores de 18 años en hostilidades.

El instrumento compromete a los estados miembros a prevenir y penalizar el reclutamiento, pero también los obliga a desvincularlos de estructuras armadas y a ofrecerles procesos de recuperación psicosocial, física, de reintegración y reparación.

El reclutamiento de niñas y niños figura entre las graves violaciones de los derechos de la infancia en conflictos armados. Es considerado un crímen de guerra, tanto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y otras fuentes del derecho internacional humanitario (DIH).  

Para el sociólogo Carlos Díaz Bolaños, investigador en dinámicas del conflicto armado y asuntos de juventud, “la prevención del reclutamiento como una política pública nacional no existe. No hay un esfuerzo consistente, sólido, sistemático, esa es una carencia estructural”.

Adicionalmente, en este contexto se produce la llamada doble afectación para la población venezolana, que tras sufrir las consecuencias que enfrentaron con la migración forzada luego se suman las afectaciones provocadas por el conflicto armado, sumando graves violaciones a sus derechos humanos. 

En junio de 2025, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre un agravamiento de la situación de la infancia en Colombia, entre los años 2022 a 2024 en el marco del conflicto armado , incluyendo a la niñez migrante y en el que documentaron y verificaron casos de trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados “en los que niñas son trasladadas y sufren violencia sexual por parte de sus integrantes. Esta dinámica ha podido ser identificada en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, en algunos casos, contra la niñez migrante.”

Claudia Quintero, directora de la fundación Empodérame, organización que ofrece acompañamiento psicosocial a víctimas de trata, detalla los obstáculos cuando este delito se da en el marco del conflicto armado.

“En Colombia el reclutamiento forzado es un delito autónomo. Entonces, las víctimas no son tomadas ni atendidas como víctimas de trata de personas como tal, desde lo psicosocial: su recuperación emocional, la reconstrucción de sus proyectos de vida. Es una de las complejidades para que podamos atender esta población de la forma que debería ser”.

De las 118 alegaciones que recibió la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el primer trimestre de 2025 sobre reclutamiento o utilización de menores de edad, se verificaron 51 casos de los que “casi un tercio corresponden a niñez migrante venezolana, varios no acompañados por sus familias”, advierte el informe.

Este equipo de reporteras pudo confirmar con dos fuentes que trabajan directamente en terreno y pidieron resguardo a su identidad,  dos casos de niñas migrantes venezolanas (pertenecientes a una etnia indígena) que habían sido reclutadas por grupos armados y que fallecieron en medio de combates en 2025 en Norte de Santander, adicional a un número no determinado de muchas otras que hoy en día continúan en las filas de estos grupos.

En la reclamación del cuerpo de una niña, el gobierno colombiano tuvo que intervenir ante el gobierno venezolano para solicitar al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) la confirmación de los datos filiatorios de la madre y la hija para agilizar los procesos forenses, autorizar la entrega del cuerpo y proceder finalmente con los ritos funerarios según sus costumbres. Al cierre de este reportaje, el otro cuerpo no había podido ser reconocido y retirado por sus familiares.

“Los niños y niñas que ingresan al país con sus familias o como menores no acompañados, no tienen conocimiento del contexto colombiano, llegan a territorios rurales muy dispersos. La estrategia del grupo armado va más allá, les dicen que los van a apoyar, les regalan comida, etc”, explica el investigador Oscar Fernando Cobo, quien hace parte de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO).

Con mucha frecuencia, la violencia sexual está subrepresentada en las estadisticas. Los subregistros de violaciones cometidas contra la niñez y adolescencia en este contexto obedecen a múltiples causas, entre ellas “el desconocimiento de las rutas de atención, la condición migratoria, xenofobia, que les quiten a sus hijos y el miedo a represalias por actores armados o grupos delictivos”, nos dice una de las lideresas que trabaja en un asentamiento que recibe a familias migrantes desplazadas por la guerra en Norte de Santander.

Para Díaz Bolaños, quien también ha acompañado procesos de reparación integral a víctimas del conflicto armado, “en áreas donde el grupo ilegal tiene una suerte de gobernanza, impone las reglas y denunciar esos casos pondría en riesgo a la familia. Algunos ejercen el control más político y usan la violencia de manera estratégica, pero otros la utilizan de manera generalizada, a partir del miedo y o del terror”.

Huir de la guerra a cordones de miseria en la ciudad 

Desde la noche que escaparon de Tibú, Dulce, sus hermanitos y su  madre soportaron una semana entera de largas caminatas.  Con el más pequeñito de ellos en brazos, pedían  aventones en camiones y tractomulas, durmiendo a la intemperie en calles polvorientas, cruzando pueblos y veredas hasta que llegaron a uno de los asentamientos informales más grandes en la periferia de Cúcuta.

El árido enclave está a 19 kilómetros del puente internacional Simón Bolívar, que une el estado venezolano de Táchira con Norte de Santander y hace parte del cordón marginal de asentamientos que nacieron de predios invadidos en el anillo vial occidental que bordea la capital fronteriza. 

En este lugar el 40% de la población la componen migrantes de origen venezolano y desplazados internos del conflicto armado, en su mayoría mujeres y niños, según un censo realizado por organizaciones de lideresas locales de los siete sectores que lo componen. 

Hasta diciembre de 2024, Cúcuta albergaba a más de 215.000 venezolanos, muchos de los cuales, en lugar de encontrar refugio, quedaron atrapados en zonas de alta precariedad y riesgo.

Allí, la violencia también se vive entre la lucha intestina que libran las bandas criminales locales, transfronterizas y grupos armados urbanos por el control de las rentas ilícitas (extorsión, microtráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y explotación sexual de niños, niñas y mujeres) y que viven al acecho de sus habitantes, en especial de adolescentes y jóvenes.

En la “invasión”, como se le conoce también en Venezuela a los asentamientos, la vida de Dulce y su familia siguió marcada por la precariedad: la mayoría de viviendas son construidas con tablas y zinc, padecen constantemente por la falta de agua y los pozos sépticos suplen la ausencia de alcantarillado. Las calles son de tierra y el acceso al transporte público es inexistente, por lo que  para llegar a la vía principal sus habitantes deben hacer largas caminatas.

Tampoco hay fuentes de empleo ni ofertas educativas y se vive en un ambiente de peligro e inseguridad. Dulce y sus hermanos no volvieron a la escuela; quedaron fuera del sistema educativo, a pesar de que la adolescente anhela convertirse en abogada. Es un deseo que nace de lo vivido, de lo perdido, de lo que aún duele. Un sueño que parece muy lejano, considerando el contexto en el que ahora vive.

En Cúcuta , “la desigual distribución urbana ha generado territorios fragmentados que concentran pobreza y exclusión», explica Miguel Morffe, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. “Esta estructura facilita el control de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), que instrumentalizan a la población migrante, especialmente a niños y adolescentes, en dinámicas de reclutamiento y economías ilegales”.

Las comunas 6, 7 y 8, ubicadas cerca del anillo vial occidental, son focos de vulnerabilidad y violencia, agravados por el conflicto que se extiende desde el Catatumbo. 

Patricia, una madre venezolana de 36 años que reside en uno de los barrios de la comuna 8, cuenta cómo hombres fuertemente armados intentaron ingresar a la escuela de su hijo a finales de agosto. El grupo pretendía dar una “charla” y repartir panfletos durante la jornada escolar de los estudiantes de bachillerato (adolescentes), pero los docentes se opusieron e impidieron su entrada a las aulas de la institución ubicada en La Fortaleza, otro asentamiento contiguo a donde reside. 

“Varios hombres vestidos con chalecos negros, rostros cubiertos y armados con fusiles rodearon todo el colegio Padre Arturo Zárate”, recuerda Patricia. 

El grupo “reclamaba” que en visitas anteriores tampoco se les había permitido entregar panfletos ni hablar con los jóvenes. 

“Sentí miedo. Ya ni siquiera sabemos si es seguro mandar a los hijos al colegio, todo parece una amenaza, incluso posibles intentos de reclutamiento”, comentó la madre.

El  testimonio de Patricia confirma la vigencia de las alertas contenidas en el informe Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños (junio/ 2025) del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que advierten sobre el uso de los centros educativos para acciones como alojarse, atacar a miembros de grupos enemigos, atender a personal herido, hacer uso de la energía, organizar reuniones, o desarrollar actividades proselitistas.

Mapeo de confrontaciones y alianzas criminales urbanas

La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en octubre de 2025 identificó la presencia activa de tres grupos armados en Norte de Santander: el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), siendo estos dos últimos los de mayor influencia y capacidad de control territorial.

Además, esta oenegé ha identificado al menos 42 grupos delictivos operando en Cúcuta, que en algunos casos establecen alianzas con grupos armados, conformando así un entramado criminal marcado por la fragmentación territorial y disputas constantes por el control de economías ilícitas. 

Entre las estructuras más destacadas se encuentran: La Familia P (Los Porras), organización local con fuerte arraigo y control en varias comunas. Los Manzaneros: nacidos de la fusión entre AK-47 y el Tren de Aragua, con creciente capacidad operativa y Los Mexicanos: una de las redes más consolidadas, con presencia estratégica en el anillo vial occidental y sofisticación logística.

“Más allá de la lucha por el territorio, el flujo migratorio se ha convertido en un recurso estratégico para estas organizaciones por lo que la población migrante, especialmente niños y adolescentes, es sistemáticamente instrumentalizada para tareas como vigilancia, microtráfico y control comunitario, sin necesidad de una vinculación armada formal”, señala Nicolás León, investigador de la línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de PARES.

Un caso emblemático es el de Lucas, un adolescente venezolano de tan solo 14 años, quien fue contactado en octubre de 2025 por una banda criminal para actuar como “campanero” en el asentamiento informal, donde reside con su mamá y dos hermanos pequeños, de 7 y 2 años. El mismo lugar a donde llegó Dulce con su familia. 

“Fue a hacer un mandado y una persona de esas que está metida con gente peligrosa le dijo a Lucas que por qué no trabajaba con él. Me senté a hablar con mi hijo y le dije que ni se le ocurriera meterse en esas cosas, ni con esa gente”, nos cuenta Neida, la madre del adolescente.

El mensajero del grupo delictivo que abordó a Lucas le ofrecía “vigilar el ingreso de personas al barrio”, alertar sobre la presencia policial, identificar miembros de grupos rivales dentro de su comunidad y participar en actividades de microtráfico con un pago semanal.

“Cuando vea a ese tipo, ni lo salude, ni le hable”, le advirtió la mamá.

Neida y sus tres hijos, víctimas previas de migración forzada desde su país de origen, llegaron allí como desplazados internos por el conflicto armado. En enero de 2025, luego de varias amenazas de reclutamiento dirigidas a Lucas, la madre se vio obligada a salir junto a sus niños de una finca ubicada en el kilómetro 8, en la carretera que conduce a la población de Tibú, donde trabajaba en condiciones precarias ejerciendo oficios domésticos —lavar ropa, cocinar, limpiar habitaciones— para integrantes del ELN.

A mi me dió un ataque de nervios. Una vecina me advirtió: ‘váyase ya, aquí es muy peligroso para usted y le van a reclutar a su hijo, no se quede‘. Y eso hice, me vine a Cúcuta.”, dice Neida.

Este panorama evidencia cómo los migrantes forzados sumidos en la precariedad están entre los eslabones más vulnerables frente a las dinámicas criminales que perpetúan la exclusión y la violencia en la región.

Redes sociales: el arma de los reclutadores 

Plataformas como TikTok y Facebook se han convertido en canales para que grupos armados y bandas delictivas establezcan contacto directo con jóvenes vulnerables, y desarrollen sus estrategias de reclutamiento con muy bajo riesgo y gran alcance, explica Laura Bonilla, coordinadora para América Latina de la Fundación PARES,  experta en conflicto armado y patrones de violencia contra civiles. 

Aprovechando la falta de regulación y supervisión, “las redes sociales permiten difundir contenido atractivo, manipular narrativas y captar adolescentes sin levantar sospechas. Esta estrategia ha contribuido a un aumento alarmante en el número de personas rearmadas: de 1.200 en 2018 a 8.000 en 2022”, según reporte de  PARES. Pero Bonilla advierte que no existen cifras oficiales confiables, ya que las instituciones estatales carecen de capacidad técnica para registrar esta realidad.

“Las niñas y adolescentes son instrumentalizadas para fines de explotación sexual, logística e inteligencia y existen casos documentados de participación obligada en acciones violentas”, precisa la investigadora.

“Los grupos armados, particularmente el ELN, están citando a jóvenes a través de redes sociales con falsas promesas de empleo, ofreciéndoles 1.800.000 pesos (aproximadamente 470 dólares) mensuales como gancho. Una vez que se presentan, los retienen y terminan desaparecidos o vinculados forzosamente.”, explica la coronel Sandra Mora, excomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

“La capacidad estatal para rescatar a niños, niñas y adolescentes vinculados a estas estructuras es mínima, mientras que la capacidad de absorción de los grupos armados sigue siendo alta”, concluye Bonilla.

Catatumbo: “Casa del Trueno», testigo del despojo

Históricamente el pueblo indígena binacional Barí ha ocupado la región del Catatumbo, uno de los territorios más castigados por el conflicto armado interno colombiano durante décadas y a la vez considerado zona transfronteriza.

La tierra compartida se extiende principalmente por cinco municipios de Norte de Santander, en Colombia (El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú), y dos municipios del estado Zulia, en Venezuela (Jesús María Semprúm y Machiques de Perijá). Sin embargo, a cada lado de la frontera, el Catatumbo se vive, se percibe y se siente de manera diferente.

La crisis humanitaria en esta región, que deja por ahora casi 83 mil desplazados internos y 182 muertos, según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) que articula instancias que atienden la situación en el Catatumbo, ha profundizado mucho más el historial de despojo y desplazamiento forzado de los Barí, tragedia que se ensaña contra su infancia.

Alexander Dora, vocero del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación del Pueblo Barí, denuncia que desde 2016 hasta la fecha unos 246 niñas, niños y adolescentes de esta etnia binacional han sido reclutados y utilizados por actores armados, de los cuales el 70 % es de origen venezolano.

“Algunos han caído [muertos en combate], a otros los hemos recuperado… a otros no los hemos vuelto a ver”, dice Dora.

El intento por buscar y rescatar a los menores de edad, incluso para recuperar los cuerpos de los que mueren en combate, es una lucha ardua para los Barí. “Enfrentamos el minado de los caminos, quedamos registrados en los retenes que imponen tanto el ELN como las disidencias de las FARC, nos confiscan los teléfonos y revisan nuestras comunicaciones, quedamos atrapados entre los enfrentamientos y también nos han declarado objetivo militar”, alerta Doria.

“A las menores de edad las mandan a las ciudades a llevar paquetes de droga, los usan para captar a otros de sus comunidades. Los comandantes guerrilleros también los usan para que les enseñen la lengua barí, poniendo en riesgo a nuestras comunidades”, apunta.

Los actores armados llevan décadas entendiendo las ventajas tácticas que les da reclutar, usar y utilizar a menores de edad indígenas para avanzar y mantener el control en sus propios enclaves. “Conocer el territorio en términos logísticos y estratégicos para la guerra es fundamental, es conocer senderos, las características de la selva, cómo se debe mover”, explica  Mauro Carrero, antropólogo de la Universidad del Zulia (Venezuela) y quien durante décadas ha estudiado etnias amerindias, entre ellas los barí.

“Cuando tú llegas con un combatiente que habla el idioma de la comunidad es importantísimo, por las relaciones de parentesco y de afinidad, se le abre la posibilidad de entendimiento a estos actores armados”, explica Carrero, también sociólogo.

Dora revela a este equipo que, de unos 54 menores de edad barí actualmente reclutados en las filas del ELN y de las disidencias de las FARC, 18 de ellos apenas tienen 13 años, mientras que unos 36 ya tienen cumplidos los 15 años (16 son varones y 20 son hembras).  “A los que hemos logrado rescatar y proteger nos relatan infinidad de abusos en las filas, el sufrimiento de nuestros niños y niñas ahí en medio de la guerra es muy duro”.

Fuera del radar institucional

La familia de Lucas ha sido clasificada bajo extrema pobreza, de acuerdo al sistema colombiano que categoriza a la población según sus condiciones de vida e ingresos.  En este hogar el hambre acecha constantemente. Hay días en los que la madre no logra llevar un plato de comida para ella y sus niños. 

Lucas también está desescolarizado y en condición de extraedad: el desfase entre su edad biológica y el grado escolar. A sus 14 años solo tiene aprobado segundo grado de primaria. El gran rezago académico, las barreras para el acceso a un programa de aceleración educativa y las precarias condiciones de su vida, son vulnerabilidades que lo siguen exponiendo al riesgo de ser reclutado o captado por estructuras criminales que ofrecen incentivos económicos inmediatos a menores de edad en zonas marginales.

Mientras tanto, Diego, el hermano de 7 años, quien nació en Venezuela con bajo peso y se mantiene en riesgo de desnutrición, espera desde hace 4 años que la autoridad migratoria emita por fin su Permiso por Protección Temporal (PPT) condicionando su entrega a la presentación del acta de nacimiento apostillada, situación que lo mantiene excluido del  servicio de comedor escolar y de ayudas médicas. 

“Le rogué a la profesora que me ayudara a conseguir una comida para Diego, pero me la negó. Una señora que trabaja con el aseo del colegio escuchó mi pedido y me consiguió en la cocina una ración para el niño ese día”, recuerda la madre mientras se le quiebra la voz.

Al hogar de Dulce, el ICBF realizó una visita a finales de septiembre, tras recibir denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos de la adolescente, pues había sido enviada por su madre a trabajar en un bar ubicado en el barrio Nueva Ilusión, donde fue testigo de otra masacre, hecho que fue reseñado por la prensa local.

Luego de unas semanas de este hecho, Dulce fue captada por una banda criminal que la utilizaba para realizar cobros extorsivos a bordo de una moto, acciones por las que recibía pagos que su mamá administraba.

A los días no hubo ni rastro de ella, de su hermanitos ni de su mamá. Carolina abandonó el lugar con sus hijos. Ha realizado llamadas solicitando ayudas económicas a conocidos, en las que manifiesta haber retornado a Venezuela por el temor a que la institucionalidad “le quitara a sus hijos”.

Para Camila Rojas-Sanguino, psicóloga con experiencia en atención a infancias y familias afectadas por el conflicto armado, “la falta de data y caracterización institucional sobre niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado refleja un vacío institucional que impide diseñar respuestas integrales. No se sabe ni cuántos son, ni de dónde vienen, ni qué han vivido, ni qué necesitan. Desde una perspectiva psicosocial, esto también se traduce en una invisibilización”.

Por lo pronto, en los registros del Estado colombiano Dulce, Lucas y los hermanos de estos adolescentes, no existen como víctimas del conflicto armado, parecen estar cada vez más lejos de encontrar justicia, reparación y de un proyecto de vida libre de violencias que restituya sus derechos, los que le negó también el país que les vio nacer.

-FIN-

*Los nombres de las víctimas, de lideresas, del asentamiento receptor tras el desplazamiento interno y de algunas fuentes en terreno, fueron cambiados para salvaguardar su integridad.

Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes y el acompañamiento editorial de Lorenzo Morales. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autoras.

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San Antonio de Prado, corregimiento de Medellín, fue escenario de un signifivativo encuentro de integración cultural cultural: la segunda edición del Festival de la Venezolanidad. La jornada, realizada en el mirador Dog’s Paradise, consolidó un espacio de conexión entre colombianos y la comunidad migrante venezolana, articulando cultura, música y emprendimientos en un entorno de alto valor social. 

Venezuela en familia

Entre el 21 y el 23 de noviembre, más de 30 emprendimientos venezolanos exhibieron sus productos y servicios, fortaleciendo su presencia en el mercado local y aportando a la dinámica económica del territorio que les ha permitido reconstruir sus proyectos de vida. 

Sobre esta iniciativa, Luis Betancur, coordinador general del evento, destacó que idea surgió casi de manera casual, pero germinó en el interés y la voluntad de diversas personas provenientes de Venezuela quienes aportaron sus esfuerzos voluntariamente para hacer realidad un primer encuentro que se realizó en junio de 2025 y que, a solicitud de la propia comunidad, se repite en noviembre como antesala a la temporada navideña.

«Este evento busca crear espacios donde los venezolanos radicados en el área metropolitana de Medellín podamos reencontrarnos con nuestras raíces y mostrar los mejor de lo nuestro en jornadas familiares y de grata convivencia»

La programación incluyó actividades tradicionales como el dominó, juegos y bailes infantiles y concursos que recrearon a las cientos de personas que asistieron al evento. La belleza característica de la mujer venezolana también tuvo un momento estelar cuando, en un certamen muy reñido, la hermosa Nicolle Méndez resultó elegida como reina del festival.

Pero no hay Festival sin música y en esta ocasión más de 20 artistas compartieron la tarima brindando un recorrido por lo mejor de las expresiones musicales que iban desde la gaita hasta la música llanera, pasando por los tambores y diversos ritmos bailables.

La música, la gran protagonista

Atracciones musicales como: Entre Panas, agrupación gaitera que puso bailar a la concurrencia con lo mejor de la tradición gaitera zuliana, Luis Díaz «El Gabán Parrandero» interpretando sus temas criollos, los tambores de Kimbag, Andrés Mendoza, Serrano Reyes, cantantes y dúos de música urbana y un largo programa de talentos que brillaron con fuerza en esta segunda edición.

Durante el evento también se otorgó un reconocimiento a personalidades que, desde su labor pública, han demostrado compromiso con los valores que enaltecen a la comunidad migrante venezolana en la región. En esta edición, el galardón fue entregado a Yajaira Goita, líder destacada por su rol en la coordinación de movilizaciones ciudadanas en Medellín en defensa de la democracia, la libertad y la justicia por Venezuela.

El Festival de la Venezolanidad se afianza como un punto de encuentro que une, integra y muestra con orgullo lo mejor de nuestra cultura. Lo vivido en este evento demuestra que este tipo de iniciativas merecen replicarse en otras ciudades, porque fortalecen la convivencia, generan oportunidades y permiten que la comunidad venezolana siga aportando valor donde hace vida.

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Por: @EddyTimaure

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, y sin embargo, todavía hoy hablar de salud mental sigue siendo un tabú. No solo por desconocimiento, sino por una serie de creencias culturales, sociales y religiosas que han hecho del malestar un tema incómodo, incluso vergonzoso.

Una de las principales razones es la cultura del pensamiento mágico, esa tendencia tan arraigada en muchos pueblos y comunidades a creer que el sufrimiento puede disiparse con simples decretos de optimismo o con fórmulas espirituales. Es la lógica del “todo pasa por algo”, del “piensa positivo”, del “agradece, que hay otros peores que tú”.

Aunque suenen bienintencionadas, estas frases son en realidad formas de negar el dolor. Constituyen una respuesta automática, vacía, que impide la escucha y refuerza la soledad de quien sufre. El pensamiento mágico, en lugar de sanar, termina siendo una barrera para el pensamiento crítico y para la comprensión científica de los trastornos mentales.

El peso del positivismo tóxico

Vivimos en una sociedad que exige sonreír. Se espera que seamos productivos, fuertes, resilientes y “vibrando alto”, incluso cuando el alma se nos desmorona. Esa presión social, reforzada por el marketing digital y los discursos de autoayuda, convierte el dolor en un signo de debilidad.

Quien expresa tristeza o frustración es censurado, apartado, o se le exige “cambiar la actitud”. Así, las emociones humanas más naturales (la tristeza, la rabia, la ansiedad, el miedo) son reprimidas o maquilladas con frases prefabricadas que solo aumentan la incomprensión.

Y cuando alguien no resiste más, cuando el sufrimiento lo lleva al límite, solo entonces la sociedad reacciona. Pero reacciona tarde.

“Debí escucharlo”, “debí acompañarla”, “no imaginé que estaba tan mal”, son frases que se repiten tras una tragedia, aunque muchas veces quienes las pronuncian también formaron parte del silencio previo, de esa negación colectiva que minimiza el dolor ajeno.

El juicio después del abismo

Lo más cruel es que incluso después de un intento de suicidio —fallido o fatal—, persiste el juicio. Todavía hay quienes se atreven a decir: “eso fue una tontería”, “si tenía tanto por vivir”, “hay gente en peores condiciones”.

Estas expresiones son reflejo de una sociedad incapaz de comprender la profundidad del sufrimiento mental. En lugar de empatía, ofrecen distancia. En lugar de compasión, condena.

Por eso no se trata de un problema individual. Es un problema colectivo, cultural y estructural. Una sociedad que exige sonreír, pero no enseña a escuchar; que habla de empatía, pero no la practica; que presume espiritualidad, pero ignora el sufrimiento humano, es una sociedad que necesita sanar.

Una tarea urgente y común

Atender la salud mental no es solo una responsabilidad médica: es una tarea ética y social. Implica reconocer que todos, en algún momento, necesitamos ser escuchados. Que nadie se cura con frases hechas. Que el acompañamiento real comienza con una pregunta honesta y una disposición genuina a escuchar sin juzgar.

La salud mental no mejora con decretos, ni con mantras, ni con autoengaños colectivos. Mejora cuando existe compasión, presencia y acción.

Cuando dejamos de fingir fortaleza y empezamos a aceptar la fragilidad como parte de la vida.

Cuando la sociedad deja de mirar hacia otro lado y se atreve a mirar el dolor (el propio y el ajeno) con humanidad.

Hoy, más que repetir consignas vacías, recordemos que la empatía no se predica, se practica. Y que el primer paso para cuidar la salud mental colectiva es simple, pero urgente: escuchar de verdad.

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Eddy Timaure | Wilfredo Díaz

La victoria de Paisas de Medellín, que se alzó con el campeonato tras una campaña impecable, representa mucho más que una hazaña deportiva. En la cancha se cristalizó una apuesta institucional por un modelo que combina gestión local, visión internacional y una apertura real a nuevos actores del juego.

Un torneo que rompió moldes

Desde el inicio de temporada, la LBP mostró signos de consolidación: coliseos llenos, cobertura mediática nacional y franquicias emergentes disputando el protagonismo. La llegada de Caimanes de Villavicencio a la final, en su temporada debut, confirmó el carácter abierto y competitivo del campeonato.

Para John Mario Tejada, presidente de la Liga, este semestre ha sido “una de las mejores ligas en la historia del baloncesto profesional colombiano”. En declaraciones ofrecidas a Alianza Noticias durante la ceremonia de premiación, Tejada destacó que el crecimiento no ha sido sólo técnico, sino estructural y territorial: “Hay 14 regiones pidiendo tener baloncesto profesional. Eso nos dice que el deporte está vivo, que hay hambre de baloncesto en todo el país”.

El sistema de dos torneos anuales (apertura y clausura) ha permitido mayor dinamismo competitivo, renovación de plantillas y una conexión sostenida con la audiencia. De hecho, ya se proyecta la incorporación de nuevas franquicias para el segundo semestre, con miras a una liga más amplia y representativa.

Venezuela como espejo, no como sombra

Uno de los aspectos más notables del actual proceso ha sido el reconocimiento institucional del modelo venezolano como fuente de aprendizajes. “El baloncesto colombiano está resurgiendo, y Venezuela ha sido un gran espejo”, afirmó Tejada sin ambigüedades. El referente es claro: Venezuela ha logrado construir, a lo largo de las décadas, una cultura sólida alrededor de este deporte, y Colombia ha sabido mirar con inteligencia hacia ese ejemplo, no para replicarlo, sino para adaptarlo a su contexto.

La figura de Daniel Seoane, técnico campeón y exseleccionador nacional venezolano, es apenas una muestra de cómo el conocimiento migrante puede enriquecer procesos locales. Más que una transferencia táctica, ha sido una transferencia de cultura profesional, de disciplina y de visión de largo plazo.

La presencia del entrenador venezolano al frente del conjunto paisa, fue decisiva. Sin protagonismos innecesarios, su aporte metodológico y su capacidad para cohesionar equipos jóvenes se convirtió en una pieza clave para explicar el título antioqueño.

Horses 12, la academia del baloncesto en Medellín

Otra referencia de integración deportiva digna de mencionar es la del exjugador profesional Juan Carlos Rodríguez, quien tuvo una destacada trayectoria en Venezuela con equipos como Panteras de Miranda, Toros de Aragua y Gaiteros del Zulia, y desde su llegada a Medellín viene dirigiendo la academia Horses12, una escuela de baloncesto que se ha convertido en semillero de talento en Antioquia.

Bajo el liderazgo de Rodríguez, Horses12 no solo ha participado con éxito en torneos departamentales y nacionales, sino que ha logrado posicionarse como un puente real entre ambas culturas deportivas.

Jóvenes de origen colombiano y venezolano entrenan, compiten y crecen juntos, evidenciando cómo el deporte puede convertirse en un poderoso agente de cohesión social y construcción de comunidad binacional

Más allá de las fronteras

Lo que deja el Torneo Apertura 2025 de la LBP no es solo un campeón, sino una lección: el baloncesto colombiano ha dejado atrás viejos paradigmas y se está posicionando como un espacio abierto a la innovación, al mérito y a la diversidad. La integración colombo-venezolana no ha sido retórica, ha sido práctica.

Y esa es la verdadera victoria: cuando el deporte deja de ser territorio de origen y se convierte en territorio compartido.

Con la segunda edición del año, prevista para septiembre, la expectativa crece. Lo que parecía una excepción se está volviendo norma: una liga viva, plural y en constante ascenso, donde el talento —venga de donde venga— encuentra una cancha para brillar.

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Por Eddy Timaure

Cuando el baloncesto de Antioquia buscaba un nuevo horizonte competitivo, apareció el liderazgo estratégico de Daniel Seoane, entrenador venezolano de proyección internacional, quien hoy comanda al equipo Paisas de Antioquia en su histórica llegada a la final del baloncesto profesional colombiano.

Su presencia en Medellín no solo representa una incorporación técnica de alto nivel, sino también un ejemplo concreto del impacto positivo de la migración venezolana en los escenarios deportivos, culturales y profesionales del país.

Talento venezolano que transforma equipos

Con una hoja de vida que incluye su paso por la Selección Nacional de Venezuela y clubes destacados en la Liga de las Américas como Guaros de Lara, Seoane no aterrizó en Antioquia para repetir fórmulas, sino para construir desde la esencia local.

El resultado ha sido una escuadra revitalizada, cohesionada y con mentalidad de campeonato. Los números lo confirman: 12 victorias consecutivas como local y la mejor defensa de la liga, permitiendo solo 72.8 puntos por juego.

Un liderazgo que va más allá de la táctica

Seoane no se limita a entrenar, moldea culturas deportivas. A través de talleres de cohesión, scouting personalizados y una rigurosa preparación mental, ha logrado cambiar la narrativa interna del equipo.

Este enfoque ha generado una transformación profunda en el grupo, tal como lo relata Andrés Carmona, capitán del equipo: “Daniel cambió nuestra mentalidad. Nos hizo creer que podíamos vencer a cualquiera. Nos enseñó que los partidos también se ganan con inteligencia emocional y estudio”. 

Tres pilares de su fórmula ganadora

Seoane articula su trabajo bajo tres principios innegociables:

1. Preparación obsesiva: Analiza cada detalle del rival, desde sus patrones de juego hasta su reacción emocional. 

2. Cultura del esfuerzo: Ha logrado que los jugadores lleguen hasta dos horas antes a los entrenamientos por iniciativa propia.

3. Mentalidad ganadora: Desde el primer día, su mensaje fue claro: “No vinimos a participar, vinimos a hacer historia”.

Un aporte que trasciende el deporte

La presencia de Daniel Seoane en Medellín no solo potencia al equipo Paisas, sino que es un símbolo del valor que aporta la comunidad venezolana a los procesos de integración y excelencia en Colombia. Representa a una generación de migrantes que, lejos de ver fronteras, ve oportunidades para construir, aportar y trascender.

Su historia confirma que el talento no tiene nacionalidad cuando se conjuga con compromiso y visión compartida.

En palabras del propio Seoane: “Un título no se gana con cinco jugadores, sino con una ciudad entera creyendo. Cuando el Iván de Bedout grita, nuestros rivales tiemblan”.

En Antioquia, el baloncesto vive una nueva era. Y el aporte del liderazgo venezolano está en el centro de esa historia.

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Por Gilberto Martínez

La pobreza, lejos de ser una marca de vergüenza o un defecto personal, es una realidad que afecta a la mayoría por causas estructurales y no debe ser vista como un estigma. Comprender esto es fundamental para construir una sociedad más justa, donde la dignidad y los derechos de todos sean respetados (Noticias UCA, 2019)

La pobreza: mucho más que carencia material

Ser pobre implica sufrir carencias: dificultades para alimentarse, falta de vivienda digna, empleo precario o inexistente, y ausencia de protección social. Sin embargo, reducir la pobreza solo a la falta de recursos económicos es simplista. La pobreza es un fenómeno multidimensional, resultado de procesos sociales, económicos, culturales y políticos que privan a las personas de activos y oportunidades esenciales para una vida digna (Batthyány, 2020).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial han demostrado que las personas en condición de pobreza suelen ser las más ocupadas, pero la mayoría trabaja en la informalidad o bajo condiciones que perpetúan la pobreza. No son responsables de su situación; la sociedad en su conjunto lo es, debido a la desigualdad estructural y la falta de oportunidades (Sotomayor, 2023).

“No son ellos, pues, los culpables de su situación, sino la sociedad en su conjunto. Por ello, el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de tomar cartas en el asunto” (Noticias UCA, 2019).

El estigma de la pobreza: una construcción social injusta

El estigma asociado a la pobreza surge de prejuicios y desconocimiento. Se tiende a culpar a los pobres de su situación, ignorando las desigualdades estructurales que les impiden acceder a servicios básicos, empleos de calidad y derechos fundamentales. Este estigma se traduce en exclusión social y política, agravando la situación de quienes ya enfrentan carencias materiales (Sotomayor, 2023).

La pobreza, por tanto, no es una condición vergonzosa ni una falla individual, sino el resultado de una distribución desigual de oportunidades y recursos. En palabras de Amartya Sen, una persona es pobre si carece de los recursos para ser capaz de realizar un mínimo de actividades esenciales para vivir con dignidad (Sen, 2000).

La inequidad histórica: riqueza, poder y despojo

La desigualdad de riqueza es un fenómeno antiguo. Estudios arqueológicos muestran que la brecha entre ricos y pobres comenzó a moldear las sociedades humanas hace al menos 10.000 años, intensificándose con el crecimiento de las poblaciones y la concentración de recursos (Swissinfo, 2025).

“Mucha gente imagina las sociedades primitivas como igualitarias, pero nuestra investigación muestra que la desigualdad de la riqueza se arraigó sorprendentemente pronto” (Swissinfo, 2025).

En la historia moderna, la acumulación de riqueza frecuentemente ha estado asociada a la explotación, la colonización y la negación de derechos a amplios sectores de la población, lo que refuerza la idea de que la pobreza es una condición impuesta, no elegida (Batthyány, 2020).

La visión cristiana: dignidad y opción preferencial por los pobres

Desde la perspectiva cristiana, la pobreza nunca ha sido vista como un defecto moral. Jesucristo se identificó con los pobres, afirmando: “A los pobres los tienen siempre con ustedes” (Marcos 14:7, Biblia de Jerusalén, 1998).

Jesús no solo convivió con los pobres, sino que los puso en el centro de su mensaje, reconociendo su dignidad y su papel como verdaderos evangelizadores (Vaticano, 2021).

El Papa Francisco reiteró en su momento que la opción preferencial por los pobres es una exigencia ética y social que nace del amor de Dios y está en el corazón del Evangelio. No se trata de una postura política o ideológica, sino de una respuesta a la injusticia social, la desigualdad de oportunidades y la marginación (Vatican News, 2020).

La educación católica refuerza esta concepción: “Pobre es aquel al que no se le respeta la dignidad, al que se vulneran sus derechos y que no tiene la posibilidad de utilizar los bienes para alcanzar la salvación” (Ronald, 2020).

Hacia una sociedad sin estigmas, ¿es posible?

La pobreza no debe ser un estigma. Es una condición impuesta por la desigualdad estructural y la falta de acceso a oportunidades, no un defecto personal. La historia demuestra que la riqueza de unos ha sido, muchas veces, resultado de la apropiación y el ejercicio ilegítimo del poder. La visión cristiana, así como los enfoques contemporáneos de derechos humanos, nos llaman a reconocer la dignidad de los pobres y a luchar por una sociedad más equitativa, donde el acceso a los bienes y oportunidades sea un derecho para todos.

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Nota de prensa

Se trata de Alan Sánchez Soriano, reconocido galeno que por su trayectoria en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas es conocido como el médico de «las grandes ligas».

No solo leyendas de nuestro béisbol, acuden a este centro de rehabilitación. También peloteros en plena carrera de grandes ligas como Liván Soto (Orioles) o Silvino Bracho (Diamondbacks).

En un país que ha visto partir a muchos de sus mejores talentos, el traumatólogo Sánchez Soriano es un firme referente de excelencia médica y compromiso humano.

Sánchez representa esa pasión, entrega y calidad que distingue a la medicina venezolana.
Especialista en fisioterapia y rehabilitación traumatológica, Alan Sánchez Soriano ha ganado respeto no solo por su preparación académica y especialización, sino por su trato cercano, ético y dedicado a cada paciente.

Los grandes ligas confían en Sánchez Soriano

Su trabajo lo ha llevado a atender a destacadas figuras del deporte como Omar Vizquel, Silvino Bracho, Israel Pineda, Jesús Valles, Jesús Sucre, Juan Querecuto, Henry Centeno, Ben Holmes, Carlos Rivero, Emerson Martínez, Felipe Rivero, Gabriel Lino, Liván Soto, Aldrem Corredor, Wilfredo Tovar, Gabriel Noriega, Harold Castro, Jhon Jairo Romero, Jhoulys Chacín y José Torres, entre otros.

Son atletas de alto rendimiento que han confiado en su experiencia para recuperar su forma física y competir al más alto nivel.

El doctor Sánchez Soriano es también el fundador de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Músculo Esqueléticas (UNIDITEME).

Se trata de un espacio clínico donde se combinan la evaluación precisa con terapias especializadas para la recuperación funcional de pacientes con lesiones complejas.
Desde allí ha impulsado un modelo de atención integral que privilegia la calidad médica sin descuidar la dimensión humana.

«Siempre he creído que el país se reconstruye también desde la salud. Quedarme en Venezuela y aportar desde la medicina deportiva ha sido una decisión de vida”, asegura el especialista.

Dedicación y ética como norte

Más allá de sus logros profesionales, su figura destaca como ejemplo de compromiso con el país, ética médica y vocación de servicio, valores que hoy más que nunca merecen ser reconocidos y celebrados.

Su labor constante lo convierte en una de esas figuras que honran el ejercicio de la medicina y demuestran que en Venezuela hay profesionales de primer nivel, formados para sanar, acompañar y transformar vidas.

“Gracias al Dr. Sánchez volví a entrenar sin dolor y retomar mi ritmo de vida con confianza. Su enfoque va más allá de la terapia: es humano y directo”, afirma Jesús Sucre, beisbolista profesional.

Para contactos con este prestigioso especialista: +58 412-2083234 y en la dirección de UNIDITEME en la Torre EXA de El Rosal en El Rosal, Chacao. En Instagram: @uniditeme

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Por Douglas Zabala

Hoy toca hablar de Carlos Raúl Villanueva, el gran creador de esa obra maravillosa llamada Universidad Central de Venezuela. Debo resaltar que la primera vez que tuve oportunidad de rondar sus pasillos y su majestuosa Aula Magna fue en el año 1969 cuando llegué a lo que es hoy su Facultad de Ciencias, pero que en ese tiempo estaba llena de estudiantes -como yo- de la Escuela Técnica Luis Caballero Mejías.

Villanueva fue un caraqueño nacido el 30 de mayo de 1900. Carlos Raúl, habiendo nacido con el siglo XX sigue siendo un pilar fundamental en la historia de la arquitectura venezolana. Su formación en París y sus obras emblemáticas, como la Ciudad Universitaria de Caracas, destacan su visión innovadora y su compromiso con el mundo de la arquitectura.

Villanueva no solo dejó un legado arquitectónico, sino también un mensaje claro: «La arquitectura es el arte de construir el espacio».

Carlos Raúl Villanueva fue un visionario que entendió que la arquitectura trasciende lo físico y se convierte en un medio para mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la identidad cultural. Obras como la Unidad Residencial El Paraíso y la Urbanización 23 de Enero, son ejemplos tangibles de cómo se puede integrar funcionalidad y estética en el espacio urbano y social.

Desde finales de los años 20 y hasta principio de los 80, el maestro Villanueva diseñó la figura de una Venezuela que conquistó el siglo XX con obras como la Plaza de Toros La Maestranza, en Maracay; el Museo de Bellas Artes de Caracas y el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolivar, la urbanización El Silencio y muchas otras donde aún sobrevive la firma de su genio.

En una Venezuela que hoy enfrenta la tragedia de ver obras paralizadas como el Ferrocarril Puerto Cabello – Caracas o el Puente Nigales en el Zulia y un estancamiento peligroso en todo el desarrollo urbano y social; es vital que las nuevas generaciones, no solo de arquitectos, sino de profesionales en diversas disciplinas, reconozcan la importancia de su obra.

Es esencial que los jóvenes profesionales se inspiren en figuras como Villanueva para reimaginar el futuro del país. La resiliencia y creatividad que él demostró son cualidades necesarias para enfrentar los desafíos actuales. En este sentido, recordar su legado debe ser una brújula para aquellos que buscan contribuir a un renacer arquitectónico y cultural del país.

La obra de Villanueva nos invita a soñar con una Venezuela donde la construcción del espacio siga siendo un acto de amor hacia nuestra nación y su gente.

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Esta alianza permitirá que la prestigiosa multinacional se encargue del publishing del reconocido artista del hip hop, abriendo nuevas oportunidades para su talento en el ámbito global.

Faker, quien ha trabajado con figuras icónicas del género como Apache, Akapellah, Lil Supa, Big Soto, Willie De Ville, Ryan Castro y Al2 el Aldeano, entre otras, suma su nombre a un catálogo de artistas venezolanos dentro de Warner Chappell, donde también figuran Apache, Akapellah y Louis BPM.

Con solo 26 años, Faker ha participado en más de 150 producciones desde que emigró de su natal Península de Paraguaná en Venezuela. Su trayectoria lo ha llevado a recorrer países como Panamá, Polonia, Portugal, España, Argentina, Francia y Colombia, donde finalmente se estableció. En Medellín, es cofundador de Santo Sonido, un estudio de grabación que se ha convertido en referencia dentro del hip hop mundial.

El acuerdo con Warner Chappell Music, una de las editoras más influyentes del mundo, representa una plataforma clave para expandir su trabajo a nuevos formatos. La multinacional gestionará los derechos de sus producciones facilitando que sus composiciones puedan ser incluidas en series, películas, videojuegos y otros productos audiovisuales a través de acuerdos de sincronización.

Este hito refuerza la presencia del talento venezolano en la industria y marca una nueva etapa para Faker, consolidándolo como un referente del hip hop latinoamericano con proyección internacional.

Escucha a Faker en Spotify

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Colombia ha dado un nuevo paso en la regularización de migrantes venezolanos: quienes hayan permanecido en el país por más de cinco años podrán solicitar la Visa de Residente (Visa R), un documento que les permite acceder a derechos fundamentales como la cédula de extranjería, la estabilidad migratoria y mejores oportunidades laborales. Sin embargo, aunque la medida suena alentadora, su implementación no está exenta de desafíos.

¿Quiénes pueden solicitar la Visa R?

La posibilidad de acceder a esta visa está establecida en la Resolución 5477 de 2022 y en el Estatuto Temporal de Protección. Para obtenerla, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos:

• Haber sido titular, de forma continua y sin interrupciones por cinco años, de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) o de un Permiso de Protección Temporal (PPT), o haber completado ese tiempo combinando ambos.
• Contar con un PPT vigente.
• Pasaporte con una antigüedad no mayor a 10 años (vigente o vencido).
• Demostrar ingresos estables y suficientes para cubrir sus gastos en Colombia.
• Presentar un certificado de movimientos migratorios de los últimos seis años.
• Aportar antecedentes penales apostillados desde Venezuela.

Trabas y costos: ¿realmente es un proceso accesible?

En teoría, el proceso se realiza completamente en línea a través de la página de la Cancillería de Colombia (www.cancilleria.gov.co), donde se debe diligenciar un formulario, adjuntar la documentación requerida y pagar las tasas correspondientes.

Pero en la práctica, para muchos venezolanos este trámite es cuesta arriba. El costo total es de 455 dólares (55 USD por el estudio de la solicitud y 400 USD por la expedición), una suma significativa para una población donde la informalidad laboral es la norma y el acceso a servicios financieros es limitado.

Además, obtener documentos como los antecedentes penales apostillados desde Venezuela representa otro gran obstáculo. La crisis institucional y la dificultad para tramitar estos papeles desde el exterior hacen que este requisito se convierta en una traba difícil de sortear.

Otro punto crítico es la exigencia de demostrar ingresos estables. Aunque la regularización debería facilitar el acceso al empleo formal, la realidad es que muchos migrantes dependen de trabajos informales, lo que les dificulta cumplir con este requisito.

¿Qué beneficios ofrece la Visa R?

Para quienes logren superar el proceso, la Visa de Residente abre puertas importantes:

• Acceso al sistema de salud a través del Sisbén o de una EPS.
• Ingreso al sistema educativo, desde la educación básica hasta programas técnicos y universitarios.
• Posibilidad de empleo formal, con acceso a prestaciones y estabilidad laboral.
• Apertura de servicios bancarios y crédito, facilitando la inclusión financiera.
• Residencia permanente, con la opción de solicitar la nacionalidad colombiana en el futuro.

Un paso adelante, pero no para todos

Aunque esta nueva opción representa un avance en la integración de los migrantes venezolanos en Colombia, no todos podrán acceder a ella fácilmente. Entre costos elevados, requisitos burocráticos y dificultades para obtener documentación, el camino a la residencia sigue siendo cuesta arriba para muchos.

Si bien la política migratoria colombiana ha sido una de las más abiertas en la región, aún queda mucho por hacer para garantizar que estas medidas no solo existan en el papel, sino que sean realmente accesibles para quienes las necesitan.

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Colaboración: Prensa legítimo TSJ

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Blanca Rosa Mármol de León, insiste en que el presidente electo Edmundo González Urrutia debe juramentarse cuanto antes ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio.

Según Mármol, esta medida es indispensable para asumir formalmente el cargo otorgado por el voto popular el 28 de julio.

La especialista en Ciencias Penales y Criminológicas fundamenta su propuesta en el artículo 231 de la Constitución, que establece que si el presidente electo no puede asumir ante la Asamblea Nacional, debe hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Mármol advierte que, dado que el Parlamento venezolano está controlado por el régimen, cualquier juramentación allí sería nula, así que este acto podría realizarse en una embajada de Venezuela en el exterior o en una institución como la Organización de Estados Americanos (OEA). También señala que la ley permite que la juramentación se haga por vía telemática.

Añade la jurista que, en el mismo evento, González Urrutia debería nombrar su gabinete, incluyendo a María Corina Machado como vicepresidenta y designar ministros clave, como el de Relaciones Exteriores y el de Interior.

Mármol enfatiza que este paso es urgente, ya que más de 50 países democráticos han reconocido la victoria de González Urrutia. Sin esta juramentación, advierte, será imposible acceder a los activos de Venezuela en el exterior, esenciales para gobernar y solicitar ayuda internacional para la reconstrucción del país.

Asimismo, la jurista alerta que la fecha de toma de posesión no es arbitraria: “La Constitución no da alternativa, debe ser el 10 de enero”. Asegura que cualquier retraso juega a favor del régimen, que sigue avanzando en su agenda, incluyendo la convocatoria a elecciones regionales con el mismo Consejo Nacional Electoral y la posible reforma constitucional para imponer un sistema comunal al estilo de Cuba y Nicaragua.

Una carrera marcada por la defensa del Estado de derecho

Blanca Rosa Mármol de León ha tenido una trayectoria destacada en el sistema judicial venezolano. Fue magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia entre 2000 y 2012, y ha sido una voz crítica contra la corrupción y la manipulación del sistema de justicia en Venezuela.

Desde su retiro del TSJ, ha denunciado la violación de la Constitución y el estado de derecho por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Ha alertado sobre fraudes electorales y la injerencia cubana en la inteligencia venezolana. En 2023, sostuvo que la inhabilitación de María Corina Machado carecía de base legal, ya que solo una condena penal con presidio puede justificar tal medida.

Mármol también ha cuestionado las estrategias de ciertos sectores opositores, como aceptar sustituciones en caso de inhabilitaciones, lo que, a su juicio, legitima las decisiones arbitrarias del régimen.

Fiel a su compromiso con la legalidad, en abril de 2024 solicitó la revisión de las partidas de nacimiento de los candidatos a las elecciones presidenciales de Venezuela.

Ahora, en 2025, sigue defendiendo la necesidad de que González Urrutia se juramente cuanto antes para iniciar la transición democrática en el país.

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Por Douglas Zabala

En un día que quedará grabado en la memoria colectiva de Venezuela, el 25 de febrero de 2025, el Papa Francisco anunció la Canonización del Beato José Gregorio Hernández Cisneros, quien se convertirá en el primer Santo del país.

Este acto no solo marca un hito histórico, sino que también se erige como un faro de esperanza en medio de la adversidad que vive la nación. En los tiempos actuales, donde Venezuela enfrenta múltiples desafíos, la santificación de José Gregorio Hernández representa un símbolo de unidad y fe para el pueblo creyente. Su elevación a los altares refuerza la espiritualidad y la esperanza de millones de venezolanos que esperan que la luz divina disipe las sombras en las que parece sumergido el país.

Un legado de servicio y compasión

Conocido como el «médico de los pobres», José Gregorio Hernández dedicó su vida al servicio desinteresado, atendiendo a los más necesitados sin distinción. Su legado trasciende las fronteras de la medicina; es un símbolo de compasión y solidaridad.

A la edad de 17 años ingresa a la Universidad Central de Venezuela (UCV) para iniciar sus estudios de medicina. Allí obtuvo la profesión de Médico, que le serviría para hacer de científico, profesor y ahora santo. Además, fue un destacado filántropo, de vocación católica, y franciscano seglar.

Los milagros que llevaron a su canonización incluyen la curación inexplicable de la niña Yaxury Solórzano, quien había sufrido una grave herida de bala en la cabeza y cuya recuperación completa fue atribuida a la intercesión de José Gregorio. Asimismo, un segundo milagro reconocido por el Vaticano fue la sanación de un hombre que padecía una enfermedad terminal, sin explicación médica alguna, lo que consolidó su camino hacia la santidad.

Las tres madres que esperan acompañarle

Aunque José Gregorio Hernández es el primer venezolano en ser santificado, aún hay tres beatas venezolanas en espera de su canonización: las madres María de San José, Carmen Rendiles y Candelaria de San José. Luego de una vida de probidad, se les atribuyen distintos hechos milagrosos que, eventualmente, podrían llevarlas también a la santidad.

En un contexto donde la crisis económica, social y política ha golpeado fuertemente a Venezuela, la noticia de su canonización resuena como un aliento renovador.

La figura del Beato se convierte en un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la bondad pueden prevalecer.

La devoción hacia San José Gregorio ha crecido exponencialmente en los últimos años, reflejando el anhelo del pueblo venezolano por valores como la caridad y el amor al prójimo. Su canonización no sólo celebra su vida, sino que invita a todos a seguir su ejemplo y a encontrar formas de ayudar y servir a quienes más lo necesitan.

Así, el hacedor de milagros de Isnotú se erige como un santo contemporáneo, cuya vida inspira a los venezolanos actuales a enfrentar los desafíos con esperanza y humanidad.

En tiempos difíciles, su legado nos recuerda que cada acto de bondad cuenta y que siempre hay luz al final del túnel.

Bendiciones a San José Gregorio Hernández.

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El futuro de Venezuela no se decide solo dentro de sus fronteras. Con millones de ciudadanos en el exilio y un régimen que ha cerrado las vías democráticas, la necesidad de una representación legítima en el exterior cobra más fuerza que nunca. Aunque Edmundo González Urrutia negó en su momento la posibilidad de establecer un gobierno en el exilio, la realidad actual exige nuevas estrategias para seguir resistiendo e incidiendo en los escenarios internacionales. Es fundamental avanzar en mecanismos que permitan proteger a los ciudadanos migrantes, fortalecer los apoyos multilaterales y construir estructuras organizadas de gobierno.

Una opción viable para la democracia venezolana

La crisis política y social en Venezuela ha generado un fenómeno migratorio sin precedentes, con más de siete millones de venezolanos buscando mejores oportunidades en el extranjero. En este contexto, la posibilidad de establecer un gobierno en el exilio liderado por Edmundo González Urrutia representa una alternativa legítima no solo para la continuidad institucional de la democracia venezolana, sino también para aliviar la situación de los migrantes en los países de acogida.

A diferencia de intentos previos como el Gobierno Interino de Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia cuenta con una base de legitimidad electoral incuestionable. En las elecciones primarias y en las proyecciones de voto antes del fraude electoral de 2024, más del 70% de los venezolanos le otorgaron su respaldo, incluyendo a la diáspora, que fue despojada de su derecho al voto. Esto le confiere un mandato real y una representatividad que puede traducirse en acciones concretas a nivel internacional.

Reconocimiento internacional y diplomacia efectiva

El reconocimiento de un gobierno en el exilio no puede limitarse a una declaración simbólica. Para que tenga un impacto real, la gran cantidad de países que han respaldado a Edmundo González Urrutia deben extender ese reconocimiento a las estructuras diplomáticas y administrativas que este gobierno establezca.

Históricamente, los gobiernos en el exilio han sido fundamentales en la resistencia contra regímenes autoritarios y la defensa de los derechos de sus ciudadanos. Ejemplos como el gobierno republicano español en el exilio, respaldado por México tras la Guerra Civil Española, o el Comité Francés de Liberación Nacional liderado por Charles De Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial, demuestran que esta estrategia puede ser efectiva si cuenta con una estructura operativa bien definida. Asimismo, el caso de Bielorrusia es un referente reciente: tras las fraudulentas elecciones de 2020, la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya estableció una estructura de gobierno en el exilio con reconocimiento parcial de varios países europeos, permitiendo mantener viva la causa democrática bielorrusa.

Un gobierno en el exilio de Edmundo González Urrutia podría establecer consulados y oficinas de atención para la diáspora venezolana, asegurando que los migrantes cuenten con representación efectiva. Esto permitiría la gestión de documentos esenciales como pasaportes, certificaciones de identidad y antecedentes penales, instrumentos clave para garantizar la estabilidad de los venezolanos en el exterior.

La validez de la documentación venezolana en el exterior

En el derecho internacional, la validez de la documentación oficial depende del reconocimiento del gobierno que la emite. Si un país no reconoce al régimen de Nicolás Maduro como legítimo, tampoco debería reconocer los documentos expedidos por su administración, ya que hacerlo implicaría una contradicción en términos de política exterior. Además, obtener actualmente estos documentos resulta costoso y complejo para los venezolanos que residen fuera del país, lo que agrava aún más su situación migratoria.

Una alternativa viable sería la implementación de acuerdos de reconocimiento migratorio entre el gobierno en el exilio y los países que lo respalden, permitiendo el uso de documentos locales o la convalidación de identificaciones emitidas por organismos internacionales. Esto no solo reduciría los costos y la burocracia para los venezolanos en el exterior, sino que también garantizaría mayor seguridad jurídica y estabilidad en su estatus migratorio. Además, representaría una manera coherente de honrar el reconocimiento otorgado a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo, dándole verdadera capacidad de gestión sobre la situación de la diáspora venezolana.

La creación de un sistema de identidad propio del gobierno en el exilio podría ser una solución efectiva. Si los países que reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente también aceptan la validez de los documentos emitidos por sus representaciones diplomáticas, esto facilitaría la movilidad y permanencia regular de los venezolanos en esos territorios. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares respalda la función de las misiones consulares en la protección y asistencia a sus nacionales en el exterior, lo que podría servir de base legal para este tipo de iniciativas. Además, de existir acuerdos con gobiernos que reconozcan a Edmundo, pudieran evitarse o reducir los impactos de decisiones como la que ha tomado la administración de Trump y que afecta a los migrantes. Esta sería una verdadera prueba de fuego para que un presidente como Edmundo pueda gestionar soluciones concretas a favor de la diáspora.

Estructuras político-administrativas para la gobernanza de la diáspora

Para que un gobierno en el exilio sea efectivo, no basta con la representación diplomática. Es fundamental la creación de estructuras político-administrativas que permitan la gestión efectiva de la diáspora. Esto requeriría la participación de funcionariado y líderes electos por los propios migrantes, estableciendo una gobernanza descentralizada que responda a las condiciones específicas de cada país de acogida.

Se podrían crear Consejos Regionales de Venezolanos en el Exilio, con representantes elegidos democráticamente por la diáspora en cada territorio. Estos organismos tendrían la tarea de coordinar con los gobiernos locales, promover la integración de los migrantes y articular políticas de regularización y acceso a derechos ciudadanos. Además, permitirían que la comunidad venezolana participe activamente en la toma de decisiones sobre su futuro.

Un gobierno en el exilio con impacto real

Un gobierno en el exilio liderado por Edmundo González Urrutia podría ser mucho más que una declaración política. Contar con el reconocimiento de la comunidad internacional y desarrollar estructuras político-administrativas sólidas, podría convertirse en una herramienta fundamental para mejorar la situación de la diáspora y servir de prefacio al gobierno real que eligieron los venezolanos.

El reconocimiento diplomático debe traducirse en la aceptación de la documentación expedida por este gobierno, facilitando la movilidad y permanencia regular de los migrantes en los países de acogida. Además, la creación de estructuras de gobernanza permitiría la participación de la diáspora en la toma de decisiones, asegurando que las políticas implementadas respondan a sus necesidades.

Este modelo no solo fortalecería a la comunidad venezolana en el exterior, sino que también sentaría las bases para una futura transición democrática en Venezuela, demostrando que la resistencia no solo se da dentro del territorio nacional, sino también desde el extranjero, con organización, liderazgo y visibilidad internacional.

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La participación ciudadana es un pilar esencial en la construcción de una sociedad sólida y equitativa, su fortalecimiento no solo impulsa la cohesión social y la inclusión, sino que también potencia el desarrollo del país. La historia demuestra que las naciones que han sabido canalizar la unidad y el compromiso de sus ciudadanos han logrado avanzar y prosperar.

La moderna noción de Nuevas Ciudadanías es una realidad que trasciende la procedencia y el estatus legal de las personas en un país. Se trata de una identidad social inclusiva que reconoce la diversidad de orígenes, experiencias y aportes de distintas poblaciones dentro de una sociedad. Este enfoque abarca a migrantes, refugiados, desplazados internos y otras poblaciones generalmente relegadas, promoviendo su integración y participación activa en la vida económica, política y cultural del país de acogida. 

Ejemplos internacionales demuestran cómo la integración de migrantes ha impulsado el crecimiento de diversas naciones. Alemania experimentó un auge económico con la llegada de trabajadores turcos en el siglo XX, mientras que Estados Unidos ha basado su desarrollo económico en la diversidad de su población migrante. Canadá, por su parte, ha diseñado políticas de inclusión que han fortalecido su competitividad global.

Las Nuevas Ciudadanías y sus Poblaciones

El concepto de Nueva Ciudadanía se aplica a diversas poblaciones que, aunque históricamente marginadas, buscan mayor integración y reconocimiento dentro del tejido social. Entre ellas se encuentran migrantes y refugiados que buscan establecerse en un nuevo país con derechos y deberes equivalentes a los ciudadanos nativos, desplazados internos afectados por conflictos o desastres que requieren inclusión en sus nuevos territorios de residencia, personas en condición de discapacidad cuyo reconocimiento como ciudadanos plenos fortalece una sociedad más equitativa y accesible, comunidades LGBTIQ+ que han luchado por la igualdad de derechos y el reconocimiento legal de su identidad y relaciones, y hasta pueblos originarios que continúan enfrentando desafíos para el pleno ejercicio de su ciudadanía en términos de representación política, acceso a derechos y respeto a sus tradiciones y autonomía.

En tal sentido, la presencia de casi tres millones de venezolanos en territorio colombiano es un hecho. Estas personas, en su mayoría, son residentes desde hace casi una década: su incorporación a la sociedad colombiana es inapelable. Así que el cambio de mentalidad y de conciencia ciudadana es necesario para propiciar una convivencia productiva.

La integración de nuevos ciudadanos no solo es una estrategia social y económica, sino también una vía efectiva para reducir los índices de inseguridad y de informalidad. Gestionar la presencia territorial de la población migrante en la gobernanza permite planificar de manera ordenada y aprovechar su potencial productivo en beneficio de la sociedad. Además, facilita la planificación y administración de sectores clave como salud, educación, habitabilidad y economía, fortaleciendo el desarrollo del país. La participación ciudadana en este proceso no solo fomenta la inclusión y el fortalecimiento del tejido social, sino que también permite reconfigurar estrategias nacionales para abordar de manera efectiva los retos de integración.

La llegada de población joven representa una revitalización demográfica en ciudades como Medellín, donde, según datos de «Medellín Cómo Vamos», los migrantes venezolanos han contribuido a equilibrar la pirámide poblacional y dinamizar la economía local. Incorporar esta nueva ciudadanía no solo refuerza el crecimiento económico y social, sino que también permite un manejo más eficiente de políticas públicas orientadas a la seguridad y el bienestar colectivo.

Marco Jurídico y Políticas de Integración

La Nueva Ciudadanía en Colombia no debe limitarse a lo jurídico ni a los procesos de regularización migratoria. Se trata de un concepto más amplio que implica la integración efectiva de los migrantes en la sociedad, la construcción de una identidad compartida y el fortalecimiento de la democracia mediante la participación activa de todos los ciudadanos. Este enfoque permite que la migración no sea vista como una crisis, sino como una oportunidad de enriquecimiento social, económico y cultural para Colombia.

El Estado colombiano ha implementado diversas medidas para garantizar la inclusión de la población migrante, especialmente de origen venezolano. Algunas de las más destacadas incluyen el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), creado mediante el Decreto 216 de 2021, que dicta normativas para la regularización migratoria y el acceso a servicios esenciales como salud y educación, facilitando la estabilidad laboral de los migrantes; la Política Integral Migratoria (PIM), regulada por la Ley 2136 de 2021, que establece lineamientos para la gestión migratoria con un enfoque de derechos humanos e inclusión socioeconómica a través de programas gubernamentales y alianzas con el sector privado que han promovido la generación de empleo formal y el emprendimiento de migrantes venezolanos en Colombia (Banco Mundial, 2023).

Si bien estas políticas representan avances significativos, es necesario complementarlas con estrategias que fomenten la participación activa de los migrantes en la vida cívica y comunitaria del país.

Una Colombia más democrática, inclusiva y participativa

La construcción de una nueva ciudadanía, más inclusiva y plural, fortalece la democracia colombiana al ampliar la participación, permitiendo que la población migrante integrada aporte en debates públicos, elecciones locales y en la formulación de políticas que reflejen la diversidad del país. También fortalece la cohesión social, ya que cuando los migrantes se sienten parte de la comunidad, disminuyen las tensiones sociales y se generan redes de solidaridad.

La inclusión de migrantes venezolanos bajo un modelo de Nueva Ciudadanía aporta múltiples beneficios al país, como la dinamización de la economía mediante la inserción laboral y el emprendimiento de migrantes, lo que incrementa la productividad y el consumo interno (CEPAL, 2022); la diversidad cultural que enriquece las costumbres, la gastronomía y el arte, fomentando una identidad binacional; el aumento del capital humano con la llegada de profesionales y trabajadores calificados que pueden ser incorporados a sectores clave como la salud, la tecnología y la educación; y la proyección internacional de Colombia, consolidando la imagen del país en la región como un modelo de integración migratoria sólido.

La Nueva Ciudadanía no debe centrarse únicamente en la regularización de los migrantes, sino en su participación plena en la sociedad. La democracia colombiana se fortalece con la diversidad y la inclusión, y el país se beneficia económica y culturalmente al integrar a los venezolanos como nuevos ciudadanos. La clave está en promover una visión donde la migración no sea un desafío, sino una oportunidad de crecimiento colectivo.

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