Domingo 20 de septiembre de 2026

Para leer: El lado oscuro de la IA.

MEDELLIN

• Metro de la 80 sigue esperando recursos del Gobierno nacional: están cerca $89.000 millones https://acortar.link/wWA0bu

• Medellín se prepara para ser Capital Mundial del Libro 2027 https://acortar.link/qzX5t7

• Medellín entre las 35 mejores ciudades para recorrer a pie en 2026. https://acortar.link/nhPog6

• Celebración de Amor y Amistad tuvo más de 500 riñas en Medellín https://acortar.link/IYZwJq

• Un millón de personas en Medellín estrenará los 12 ReCreos: ¿qué son y dónde se construyen? https://acortar.link/2fTu5z

COLOMBIA

• Temblor hoy en Colombia | Reportan seguidilla de 8 sismos la mañana del domingo 20 de septiembre tras fuerte temblor de 4.1: tienen mismo epicentro https://acortar.link/WuGrzJ

• Primicia: McDonald’s comienza nuevo modelo de franquiciado en Colombia; primer restaurante estará en Valledupar https://acortar.link/q41Bg9

• Los pagos en efectivo en Colombia caen a mínimos históricos, con el crecimiento de pagos digitales https://acortar.link/7yALmn

• Los senadores más ‘ricos’ de Colombia, según sus últimas declaraciones: más del 80% no ha entregado documentación completa https://acortar.link/EiinF5

VENEZUELA

• «Una Venezuela democrática es esencial»: María Corina respondió a fecha de elecciones propuesta por senador de EEUU https://acortar.link/LpI1dH

• El segundo round del diálogo y la necesidad de EE. UU. por resultados https://acortar.link/K5u9NL

• La censura vive, el bloqueo sigue https://acortar.link/r2odAf

• Senador Bernie Moreno propone convocar elecciones presidenciales en Venezuela para el 24 de julio de 2027 https://acortar.link/PAMYeW

• Denuncian que aumentaron a ocho horas los cortes eléctricos en al menos 11 estados tras pico histórico de consumo https://acortar.link/YLv5CI

DIÁSPORA

• Agentes del ICE disparan contra un venezolano en Austin https://acortar.link/dz7yOp

• Corte de Santiago ordena a Migraciones agilizar nacionalización por demora https://acortar.link/spFbw0

• Expulsan de Colombia a otro venezolano tras controles migratorios en Riohacha https://acortar.link/KbfeTA

• Llegó a Los Ángeles desde Venezuela para comenzar desde cero. Hoy su café es un punto de encuentro para todo su barrio https://acortar.link/579yjc

• Venezuela suma 69 medallas en los Juegos Suramericanos https://acortar.link/Bj66S6

_Este Boletín se emite ininterrumpidamente desde noviembre de 2019 con información permanente sobre la diáspora venezolana_ https://linktr.ee/alianzadecomunicadores

La entrada Boletín de la Alianza se publicó primero en Alianza Noticias.

Por Douglas Zabala

El panorama político actual se ha convertido en un laberinto de espejismos y realidades paralelas. Mientras Delcy Rodríguez anuncia su asistencia a la ONU como “presidenta encargada”, bajo la tutela de Washington, María Corina Machado sigue sin materializar su tan anunciado regreso.

Trump, por su parte, actúa como si fuese el nuevo presidente del CNE y anuncia que “las elecciones serán cuando los venezolanos estén listos”. Mientras tanto, Dinorah Figuera insiste en resolver primero con Jorge Rodríguez los acuerdos sobre el nuevo TSJ y, bajo ningún término, habla sobre el tema electoral.

Estos movimientos contradictorios revelan una verdad amarga: Venezuela se ha convertido en un tablero donde las piezas se mueven según intereses externos, mientras los venezolanos de a pie seguimos observando, y no precisamente desde las gradas. Las cárceles están llenas de presos políticos y una crisis económica devora el salario de nuestros trabajadores, jubilados y pensionados.

Una espera que desgasta

¿Vendrá María Corina Machado y acelerará el cambio?. Esa es la pregunta que flota en cada conversación de los venezolanos. Su liderazgo indiscutible entre las bases opositoras contrasta con su ausencia física. Aquí todos tenemos la esperanza puesta en su retorno, porque su presencia dinamizará las luchas sociales y las exigencias de realizar unas elecciones presidenciales sin tantos tapujos y dilaciones.

¿Se legitimará Delcy en la ONU?. La comunidad internacional, pragmática ante el petróleo y por temor a una nueva ola migratoria venezolana, podría otorgarle un reconocimiento de facto que consolidaría el control del oficialismo sobre las instituciones. Y eso, de hecho, sería una puñalada a la ya maltrecha legitimidad democrática.

Mientras tanto, los venezolanos de a pie seguimos atrapados entre anuncios y promesas incumplidas. La crisis económica no espera procesos diplomáticos: el hambre no negocia, la inflación no dialoga. Las cárceles siguen siendo el recordatorio brutal de que la política de “gestos” no libera presos ni llena neveras.

Organización, movilización y presión

Las alternativas que quedan son bien claras: organización, movilización y lucha. Presión desde abajo para exigir la liberación de los presos políticos y una exigencia férrea de elecciones presidenciales cuanto antes. No podemos depender solamente de las fases anunciadas por Marco Rubio, quien, desde la Casa Blanca, se está acostumbrando a dictarnos recetas imperiales.

Así las cosas, la pregunta no es si vendrá María Corina o si Delcy se legitimará con el apoyo de Trump. La pregunta es: cuánto más podemos esperar.

La entrada Cuánto más podemos esperar en Venezuela se publicó primero en Alianza Noticias.

Por Paula Andrea Jiménez y Nairobys Rodríguez 

Solo habían transcurrido dos semanas desde uno de los terremotos más fuertes en las últimas décadas en el país, cuando la orden presidencial de deportación de migrantes en situación irregular retumbó con más fuerza en zonas devastadas: damnificados, sin empleo y algunos con pérdidas de familiares en el doblete sísmico en Venezuela.

La de Nieve Malavé es una tragedia que emerge con el terremoto que estremeció el occidente colombiano la mañana del pasado 10 de agosto. Retumbó a más de 2,289 kilómetros del epicentro, en una zona rural del extremo costero oriental de Venezuela.

“Por favor los estoy buscando a ellos, yo estoy en Venezuela. Si alguien me puede dar información o alguien que los conozca, ellos son mis hijos”.

Era parte del mensaje de la mujer de 29 años, preguntando por Santiago y Samuel (11 años y 9 años) en redes sociales, cuando supo de la devastación que generó el terremoto en el país vecino.

Su angustia se elevó aún más tras ser víctima del arrebato bajo engaño de sus niños hace cuatro años por parte de la abuela paterna, quien se los llevó escondidos hacia Colombia para entregarlos al padre en Risaralda, uno de los departamentos más devastados por el terremoto.

“Por favor… si alguien sabe o los conoce, por favor… están en Pereira”, insistía.

Tras días de incertidumbre un escueto mensaje le confirmaba que los niños estaban con vida. El celular del padre biológico es el único dispositivo por el que escasamente pueden hablar con ella. Él vigila y limita estrictamente las conversaciones. 

Al historial de violencia machista del que Nieve fue víctima por parte de Oscar Antomarchi Piñero, incluso estando en embarazo, se suma la violencia vicaria que éste ha ejercido contra ella.  

Aunque la Cancillería venezolana inició la solicitud de restitución internacional de los niños, las autoridades colombianas hacen caso omiso, ejerciendo prácticas revictimizantes contra la madre, tanto desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como desde el sistema de justica, favoreciendo al hombre quien se valió de “procesos legales” para seguir castigandola tras la separación. El de Nieve no es el primer caso de este tipo.

El impacto del terremoto en la población migrante venezolana en Colombia

La magnitud del terremoto, que se extendió a 16 de los 32 departamentos de Colombia recayó con más fuerza sobre cinco de ellos, en la región Pacífico y centro occidente del país: Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas. A un mes de la tragedia casi 500 municipios quedaron con afectaciones.

El impacto humanitario deja 331 personas muertas, 4.505 heridas, 356 rescatadas, 259 cuerpos recuperados y 111 personas continúan desaparecidas. Entre las 466 mil personas afectadas en todo el territorio nacional, se incluyen miembros de comunidades étnicas: pueblos afrocolombianos, indígenas y migrantes venezolanos, aunque estos últimos no aparecen tácitamente en reportes oficiales. 

La enorme cantidad de energía liberada tras el movimiento telúrico y su capacidad destructiva ha sido descrita por el Servicio Geológico Colombiano como el “equivalente a unas 125 a 130 bombas de Hiroshima”, en alusión al bombardeo atómico de EE.UU. contra Japón en agosto de 1945.

Son centenares las infraestructuras averiadas, destruidas y a punto de colapso, que incluyen centros de salud, educativos y comunitarios, viviendas, acueductos, carreteras, aeropuertos, etc.

Aunque el regreso a las aulas ha sido progresivo, el ministerio de Educación informó que la tragedia impactó casi 1 millón de matrículas de niñas, niños y adolescentes, una vez que se reportaron afectaciones en 387 municipios: 3.872 centros escolares sufrieron daños (64,3 % en la ruralidad). Sin embargo, la plataforma 3iS de análisis de datos eleva a 4,313 las instituciones educativas afectadas.

El de Jatniel Hernández (13 años), está entre los cientos de colegios afectados en el país, La mañana del 10 de agosto quedó registrado en redes sociales cómo su colegio ubicado en la ciudad de Pereira (Risaralda) se tambaleaba y se iba desplomando parte de la estructura, mientras alumnos y profesores corrían para salvar sus vidas. 

Jatniel, hace parte de una familia migrante venezolana oriunda de Cumaná, estado Sucre (oriente), que buscó refugio hace nueve años en Colombia. El trauma vivido lo ha dejado con fuertes afectaciones del sueño y se mantiene desescolarizado.

“Caían muchas cosas en medio del terremoto, estaba como ciega entre tanto caos y polvo. Salí corriendo por mi hijo, decían que su colegio se había venido abajo”, nos dice Ormelys Mayz, madre del adolescente, quien logró salvar su vida segundos antes del desplome del restaurante donde trabajaba. 

Su esposo e hijos mayores también quedaron sin empleo. Han estado itinerantes, pernoctado durante varias semanas en lugares distintos y cerca de la edificación de varios pisos en la que residían junto a otras 3 familias migrantes en el sector de Boston, una estructura que quedó inhabitable. Se turnan para cuidar sus enseres. 

Luis Fernando (19), uno de los hijos de Ormelyz también se sumó a las labores de rescate entre vecinos. Los devastadores terremotos ocurridos en junio en Venezuela les remueven como familia dolores que retumban en su hogar y en la ciudad que los ha acogido durante años. 

El miedo, el dolor, la rabia y no tener redes de apoyo familiares hacen más hondo atravesar el duelo. El trauma los ha afectado profundamente, aunado a la escasez de empleo y los montos de los alquileres que se han disparado. 

 “Nuestra única alternativa por ahora es irnos a Venezuela, no quiero estar más de un lado a otro, es tan difícil esto”, nos dice Orme, como le dicen cariñosamente en su familia a esta madre de 45 años.

Ni el gobierno ni las agencias de cooperación internacional asoman opciones de rutas humanitarias de retorno voluntario para cruzar Colombia y atravesar Venezuela para llegar a Sucre, su estado natal. 

Los costos en transporte comercial son imposibles de asumir para los ocho integrantes de esta familia, dentro de los que se cuentan 2 niños, una joven embarazada y una adulta mayor insulinodependiente. 

Por si fuera poco lo vivido, se suma otro miedo: una parte de los integrantes del núcleo familiar no cuenta con regularización migratoria. Algunos llegaron después del cierre del Permiso por Protección Temporal (PPT) para venezolanos en Colombia, que el saliente gobierno de Gustavo Petro decidió no reabrir después de 2023. En medio de la devastación sísmica la zozobra y la incertidumbre pesan más. 

La salud mental de los migrantes en los departamentos más devastados

Cuando apenas habían transcurrido dos semanas del terremoto y el país hacía esfuerzos en conocer la dimensión y devastación de la tragedia, el presidente de la República, Abelardo de Espriella, ordenaba operativos para deportar migrantes en situación irregular y extranjeros incursos en delitos.   

La condición migratoria irregular, una infracción de tipo administrativo, la equiparaba con quienes entran a Colombia a cometer delitos e instauraba un discurso que retrata a los migrantes como una amenaza a la seguridad del país. Las conversaciones digitales en redes no tardaron en elevar el tono xenofóbico detonado desde el poder ejecutivo. 

Colombia sigue siendo el principal país de acogida del éxodo venezolano en el mundo, con 2,8 millones de refugiados y migrantes venezolanos, además de casi otro millón de colombianos retornados forzados desde Venezuela que se habían establecido en décadas anteriores y volvieron junto a sus segundas o terceras generaciones. 

En paralelo, la crisis humanitaria agudizada por las dinámicas que impone el conflicto armado interno mantiene a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por la violencia (7,2 millones personas), incluyendo también a personas migrantes y refugiadas.

Los cinco departamentos más golpeados por el terremoto en Colombia concentran 293,064 migrantes venezolanos, entre los cuales un poco más de 74 mil están en situación migratoria irregular, frente a los casi 800 mil que a nivel nacional están en esa misma condición. 

“Esto es muy duro, para los colombianos y migrantes que estamos en el Pacífico. Es lamentable comenzar de cero, las familias tuvieron pérdida total. Psicológicamente hablando, todos estamos muy afectados. Mucha de esta población tuvo pérdidas humanas en Venezuela, lo que hace muchísimo más duro la vivencia de un terremoto en Colombia ”, dice Carmen Hernández, una caraqueña con casi nueve años en Colombia y que ejerce liderazgo social en la Asociación de Migrantes Venezolanos en el Chocó.

“La vulnerabilidad de nuestra población es mucho más grande, no tienen familiares acá. Ha sido una de las etapas más duras que estamos viviendo en la migración en este momento con el tema del terremoto, el 90% está en condición migratoria irregular.”, nos dice esta lideresa. 

Los no regularizados, que perdieron fuentes de empleo, también quedan al margen de los alivios estatales para vivienda. 

“Estamos en un momento no solo de estrés por lo vivido, en albergues y se ha generado mucha angustia entre la población que no está regularizada, pero también la que está regularizada”, advierte Carmen tras el anuncio presidencial. 

A unos 250 kilómetros de allí, desde Pereira, nos habla Luz Polo, actualmente la única mujer colombo-venezolana que ocupa una curul de poder en toda Colombia como diputada de Risaralda, departamento con gravísimas devastaciones y donde residen más de 45 mil migrantes venezolanos. 

“El terremoto afectó a todos, sin distingo de nacionalidad, en el caso de los venezolanos están quienes se les cayó la casa, muchos que debían cobrar sus salarios, quedaron sin empleo y además damnificados. Unos fueron a refugios, otros durmiendo en carpas en el andén donde está su casa inhabitable ¿Por qué? Porque sus pertenencias quedaron allí”, explica Polo al tiempo que rechaza el anuncio que tiende a criminalizar a los migrantes sin regularización. 

“No era el momento. Vemos muy mal el hecho de que el presidente Abelardo haya mezclado migrantes irregulares con migrantes que delinquen. El delito no tiene nacionalidad, delito es delito y ser irregular no es un delito, es una condición de un individuo que está bajo unas medidas de protección internacional, porque se han trasladado de una frontera a otra porque sus derechos humanos fueron vulnerados en su país de origen.”, remata la diputada Polo.

¿” Y ahora qué hacemos”?

Con una Embajada y siete consulados de Venezuela en territorio colombiano, la respuesta ha sido tardía y prácticamente inexistente para sus connacionales.  A través de Instagram la embajada en Bogotá publicó un código QR con “números de atención y enlace para reportar las incidencias del terremoto”. 

A los pocos días el enlace quedó inactivo y los comentarios están cerrados en sus redes. Las autoridades no respondieron las reiteradas peticiones formuladas por nuestro equipo.

Durante el primer mes tras el terremoto, los migrantes y refugiados han apelado a grupos de venezolanos en redes sociales desde el mismo día del terremoto en distintos departamentos en Colombia: buscaban a familiares desaparecidos desde Venezuela y terceros países, piden consejos de qué hacer, anuncian la venta de algunos enseres, preguntan lugares de albergues o dónde conseguir nuevos arriendos. 

La Oficina para Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) ha pedido “reforzar rutas de protección y espacios seguros para la niñez, e incorporar un enfoque diferencial que responda a las necesidades de población migrante, gestantes, lactantes y otros grupos vulnerables”.

Una parte del grupo familiar de Orme ha logrado reunir dinero. Se regresa a Venezuela en una larga travesía. Su hijo mayor, esposa, nietos y sobrina vuelven anhelando una reunificación postergada, vuelven a una nación que contabiliza más de una década sostenida bajo Emergencia Humanitaria Compleja. 

El país, lejos de las promesas de reactivación económica y en medio de un entorno represivo, experimenta el agravamiento en las condiciones de vida, intensificado tras el doblete sísmico del 24 de junio del año en curso, bajo extensos cortes de energía eléctrica, agua, provisión de gas, colapso del sistema de salud  y el inicio de un nuevo año escolar en condiciones muy precarias.  

“Má´yo te quiero más… yo te extraño mucho má´…acá estoy pensando en usted”. Nieve oye una y otra vez los audios de sus niños que le preguntan cuándo y dónde se verán. Su fe inquebrantable de madre espera que se haga justicia, conseguir un acompañamiento jurídico y que las autoridades de Venezuela y Colombia la oigan. “Yo solo quiero que me devuelvan a mis hijos”.

***

La entrada Las vidas suspendidas de los migrantes afectados por el terremoto en Colombia: entre el retorno forzado y la deportación se publicó primero en Alianza Noticias.

Por Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández / Ilustración: Ernesto Cáceres

Previo a la noche en que Dulce* huyera de Tibú junto a su madre y sus cuatro hermanitos, entre disparos, todos descalzos y “pasándole por un lado a los muertos”, ocurrieron otros hechos que habían estremecido mucho más sus vidas.

Las ráfagas de las ametralladoras no dejan de resonar en la memoria de la adolescente, desde que en enero de 2025 recrudeció la guerra a muerte entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las disidencias de las FARC, por el control del Catatumbo, región ocupada por grupos rebeldes y organizaciones criminales que controlan extensas plantaciones de coca y el comercio de narcóticos. 

Dulce, quien migró desde el estado Miranda (Venezuela),  extiende los brazos para mostrar las cicatrices que le quedaron  tras haber  sido amarrada y amordazada junto a su madre por guerrilleros del ELN en una incursión anterior, a tan solo días de haber sobrevivido junto a sus hermanos, escondidos bajo una cama en medio de fuertes confrontaciones.

“Esa noche fue horrible, mis hermanitos no dejaban de gritar, de llorar. Al día siguiente fue muy impactante ver cómo amanecieron muertos muchos animalitos que iban para que nosotros les diéramos comidita, estaban allí tirados entre mucha sangre”, recuerda la adolescente de 15 años. 

Se le viene de golpe un hecho tras otro. Quiere contarlo todo, pero en voz bajita y entrecortada. Entonces, revive cómo días después sus dos hermanos, Felipe y Juancho, de apenas 9 y 11 años, fueron arrebatados de su familia.

Hombres encapuchados, identificados como miembros del ELN, volvieron a irrumpir en la finca cocalera “Las Palmas”, en el sector Campo Dos, en Tibú (Norte de Santander), donde vivía toda la familia, un enorme predio en el que también trabajaban sus padres: él como jornalero “raspador” de hoja de coca, ella como cocinera. 

“Lloramos, gritamos, les suplicamos que no se los llevaran, me los quitaron. Eran unos hombres altos, no se les veía la cara porque estaban tapados, solo se les veían los ojos”, murmura Dulce.

Carolina, la madre de 45 años y ella, se arrodillaron para implorar al dueño de la finca, un hombre apodado “El Mono”, que les prestara el dinero exigido por el grupo armado para devolver a los niños.  

Luego de dos días de angustia, ocurrió la liberación tras el canje económico, pero a cambio de llevarse a Carlos, el papá de los niños, de quien hasta ahora no hay noticias y hace parte de las miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia.  

«Después de haberlo golpeado mucho, desde lejos solo alcanzó a echarles la bendición a los niños mientras se lo llevaban”. Ese es el último recuerdo que le quedó a Carolina.

 Los mismos hombres del ELN, en su retirada,  acribillaron al dueño de la finca cocalera junto a su esposa y sus dos hijos. 

“Ahí, frente a nosotras, los arrodillaron y les dispararon a todos. Mi mamá se tiró al piso, los movía… pero ninguno respiraba”, Dulce reconstruye los detalles, pero hace pausas mientras extraña y llora a su papá. “No sé dónde está, ni siquiera sé si está vivo todavía”.

“Ahí, frente a nosotras, los arrodillaron y les dispararon a todos. Mi mamá se tiró al piso, los movía… pero ninguno respiraba”, Dulce reconstruye los detalles, pero hace pausas mientras extraña y llora a su papá. “No sé dónde está, ni siquiera sé si está vivo todavía”.

Tras ser testigos del asesinato, el grupo armado les ordenó voltear la mirada y bajo amenaza de muerte, a dejar el lugar de inmediato, en plena noche. 

«Se llevaron a muchísimos, la gente desesperada salió huyendo mientras le arrebataban a sus hijos. A quienes lograban pagar, los dejaban ir, pero a los que no podían, se los quitaban, a otros los mataban. Lo del ELN es el reclutamiento de niños y el cobro de vacunas», así repasa Carolina la noche de la huida.

El control ejercido por los grupos armados en este territorio alcanza tal nivel que ni siquiera los medios locales pudieron entrar a reseñar este ataque.

Infancia migrante: radiografía en medio de la guerra  

De acuerdo a información requerida por el equipo de Laboratorio Migrante al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  en el último decenio, 135 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas del conflicto interno (130 venezolanos, 4 ecuatorianos y 1 panameño). De ese total, el Programa de Atención Especializada de esta institución para víctimas de reclutamiento ilícito contabiliza 75 desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Las disidencias de las extintas FARC, son el grupo armado del que más se han rescatado y desvinculado a menores de edad migrantes y refugiados (45), seguidos del ELN con 16 y el Clan del Golfo o también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con 7. La mayoría tenía edades entre 14 y 17 años.  El 70 % de ellos eran varones.

Adicionalmente, otros 57 menores de edad venezolanos y con doble nacionalidad (colombo-venezolana) ingresaron a procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD).

Colombia es receptora de  2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos,  equivalente al 35% de esta diáspora en el mundo y que ha abandonado su país en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja sostenida desde hace una década.

De los 75 menores de edad migrantes desvinculados, solo 4 de ellos (colombo-venezolanos), al cumplir la mayoría de edad, tuvieron la oportunidad de hacer la transición hacia la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la instancia  que coordina los programas para la reintegración social y económica de quienes han dejado grupos armados ilegales.

Según el ICBF  “en el caso de los extranjeros que no cuentan con nacionalidad colombiana (62 niños, niñas y adolescentes), el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) de acuerdo con la normatividad vigente no los certifica como desvinculados de grupos armados organizados”, lo cual imposibilita que accedan a una ruta de reintegración social, asegura la institución, en respuesta a un derecho de petición interpuesto por este equipo reporteril. 

Sobre los otros 62 niños desvinculados, el ICBF no dio respuesta pese a las solicitudes de información de este equipo. En 2023, otro reporte de UNICEF e ICBF estableció que entre 2013 y 2022,  35 menores de edad venezolanos fueron reclutados por grupos armados y que tenían doble nacionalidad (colombo-venezolana), fueron registrados en el programa de atención a desvinculados como colombianos y no como migrantes forzados, pese a que su arraigo es mayoritariamente venezolano.

El reporte también señaló que 15 de esos casos fueron reclutados como tal en Venezuela y 20 en territorio colombiano (la mayoría en Norte de Santander, seguido por Arauca y Vichada, ).

Hace 20 años el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1612, que dio origen al Mecanismo de Monitoreo y Reporte sobre las graves violaciones cometidas contra niñas y niños en tiempos de conflicto armado. 

El instrumento evalúa a Colombia desde 2008, pero es desde 2021 que ante el Consejo de Seguridad de la ONU, informes del Secretario General, António Guterres, comienzan a detallar por vez primera los crímenes de guerra perpetrados contra la infancia y adolescencia migrante y refugiada venezolana en el país (1,2,3,4,5, 6). 

Por ejemplo, en el dosier de 2021 (que compila los años 2019, 2020 y 2021) se describe cómo actores armados en suelo colombiano cometieron delitos como: reclutamiento y uso,  asesinato, mutilaciones, secuestros, violaciones y demás formas de violencia sexual.

Extractos de informes presentados por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre niños y conflicto armado en Colombia, de graves violaciones documentadas entre 2019 y 2025

Afectación diferenciada 

“Los grupos armados durante décadas han intentado establecer una narrativa o normalización de la vinculación de adolescentes mayores a 15 años a sus filas y asegurar que lo hacen voluntariamente”, indicó una fuente en terreno, que pidió resguardar su nombre para proteger las operaciones humanitarias.  

Sin embargo el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados y del que Colombia es signataria, es claro: prohíbe a los grupos armados ilegales y a las fuerzas armadas de un país el reclutamiento y utilización de menores de 18 años en hostilidades.

El instrumento compromete a los estados miembros a prevenir y penalizar el reclutamiento, pero también los obliga a desvincularlos de estructuras armadas y a ofrecerles procesos de recuperación psicosocial, física, de reintegración y reparación.

El reclutamiento de niñas y niños figura entre las graves violaciones de los derechos de la infancia en conflictos armados. Es considerado un crímen de guerra, tanto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y otras fuentes del derecho internacional humanitario (DIH).  

Para el sociólogo Carlos Díaz Bolaños, investigador en dinámicas del conflicto armado y asuntos de juventud, “la prevención del reclutamiento como una política pública nacional no existe. No hay un esfuerzo consistente, sólido, sistemático, esa es una carencia estructural”.

Adicionalmente, en este contexto se produce la llamada doble afectación para la población venezolana, que tras sufrir las consecuencias que enfrentaron con la migración forzada luego se suman las afectaciones provocadas por el conflicto armado, sumando graves violaciones a sus derechos humanos. 

En junio de 2025, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre un agravamiento de la situación de la infancia en Colombia, entre los años 2022 a 2024 en el marco del conflicto armado , incluyendo a la niñez migrante y en el que documentaron y verificaron casos de trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados “en los que niñas son trasladadas y sufren violencia sexual por parte de sus integrantes. Esta dinámica ha podido ser identificada en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, en algunos casos, contra la niñez migrante.”

Claudia Quintero, directora de la fundación Empodérame, organización que ofrece acompañamiento psicosocial a víctimas de trata, detalla los obstáculos cuando este delito se da en el marco del conflicto armado.

“En Colombia el reclutamiento forzado es un delito autónomo. Entonces, las víctimas no son tomadas ni atendidas como víctimas de trata de personas como tal, desde lo psicosocial: su recuperación emocional, la reconstrucción de sus proyectos de vida. Es una de las complejidades para que podamos atender esta población de la forma que debería ser”.

De las 118 alegaciones que recibió la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el primer trimestre de 2025 sobre reclutamiento o utilización de menores de edad, se verificaron 51 casos de los que “casi un tercio corresponden a niñez migrante venezolana, varios no acompañados por sus familias”, advierte el informe.

Este equipo de reporteras pudo confirmar con dos fuentes que trabajan directamente en terreno y pidieron resguardo a su identidad,  dos casos de niñas migrantes venezolanas (pertenecientes a una etnia indígena) que habían sido reclutadas por grupos armados y que fallecieron en medio de combates en 2025 en Norte de Santander, adicional a un número no determinado de muchas otras que hoy en día continúan en las filas de estos grupos.

En la reclamación del cuerpo de una niña, el gobierno colombiano tuvo que intervenir ante el gobierno venezolano para solicitar al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) la confirmación de los datos filiatorios de la madre y la hija para agilizar los procesos forenses, autorizar la entrega del cuerpo y proceder finalmente con los ritos funerarios según sus costumbres. Al cierre de este reportaje, el otro cuerpo no había podido ser reconocido y retirado por sus familiares.

“Los niños y niñas que ingresan al país con sus familias o como menores no acompañados, no tienen conocimiento del contexto colombiano, llegan a territorios rurales muy dispersos. La estrategia del grupo armado va más allá, les dicen que los van a apoyar, les regalan comida, etc”, explica el investigador Oscar Fernando Cobo, quien hace parte de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO).

Con mucha frecuencia, la violencia sexual está subrepresentada en las estadisticas. Los subregistros de violaciones cometidas contra la niñez y adolescencia en este contexto obedecen a múltiples causas, entre ellas “el desconocimiento de las rutas de atención, la condición migratoria, xenofobia, que les quiten a sus hijos y el miedo a represalias por actores armados o grupos delictivos”, nos dice una de las lideresas que trabaja en un asentamiento que recibe a familias migrantes desplazadas por la guerra en Norte de Santander.

Para Díaz Bolaños, quien también ha acompañado procesos de reparación integral a víctimas del conflicto armado, “en áreas donde el grupo ilegal tiene una suerte de gobernanza, impone las reglas y denunciar esos casos pondría en riesgo a la familia. Algunos ejercen el control más político y usan la violencia de manera estratégica, pero otros la utilizan de manera generalizada, a partir del miedo y o del terror”.

Huir de la guerra a cordones de miseria en la ciudad 

Desde la noche que escaparon de Tibú, Dulce, sus hermanitos y su  madre soportaron una semana entera de largas caminatas.  Con el más pequeñito de ellos en brazos, pedían  aventones en camiones y tractomulas, durmiendo a la intemperie en calles polvorientas, cruzando pueblos y veredas hasta que llegaron a uno de los asentamientos informales más grandes en la periferia de Cúcuta.

El árido enclave está a 19 kilómetros del puente internacional Simón Bolívar, que une el estado venezolano de Táchira con Norte de Santander y hace parte del cordón marginal de asentamientos que nacieron de predios invadidos en el anillo vial occidental que bordea la capital fronteriza. 

En este lugar el 40% de la población la componen migrantes de origen venezolano y desplazados internos del conflicto armado, en su mayoría mujeres y niños, según un censo realizado por organizaciones de lideresas locales de los siete sectores que lo componen. 

Hasta diciembre de 2024, Cúcuta albergaba a más de 215.000 venezolanos, muchos de los cuales, en lugar de encontrar refugio, quedaron atrapados en zonas de alta precariedad y riesgo.

Allí, la violencia también se vive entre la lucha intestina que libran las bandas criminales locales, transfronterizas y grupos armados urbanos por el control de las rentas ilícitas (extorsión, microtráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y explotación sexual de niños, niñas y mujeres) y que viven al acecho de sus habitantes, en especial de adolescentes y jóvenes.

En la “invasión”, como se le conoce también en Venezuela a los asentamientos, la vida de Dulce y su familia siguió marcada por la precariedad: la mayoría de viviendas son construidas con tablas y zinc, padecen constantemente por la falta de agua y los pozos sépticos suplen la ausencia de alcantarillado. Las calles son de tierra y el acceso al transporte público es inexistente, por lo que  para llegar a la vía principal sus habitantes deben hacer largas caminatas.

Tampoco hay fuentes de empleo ni ofertas educativas y se vive en un ambiente de peligro e inseguridad. Dulce y sus hermanos no volvieron a la escuela; quedaron fuera del sistema educativo, a pesar de que la adolescente anhela convertirse en abogada. Es un deseo que nace de lo vivido, de lo perdido, de lo que aún duele. Un sueño que parece muy lejano, considerando el contexto en el que ahora vive.

En Cúcuta , “la desigual distribución urbana ha generado territorios fragmentados que concentran pobreza y exclusión», explica Miguel Morffe, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. “Esta estructura facilita el control de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), que instrumentalizan a la población migrante, especialmente a niños y adolescentes, en dinámicas de reclutamiento y economías ilegales”.

Las comunas 6, 7 y 8, ubicadas cerca del anillo vial occidental, son focos de vulnerabilidad y violencia, agravados por el conflicto que se extiende desde el Catatumbo. 

Patricia, una madre venezolana de 36 años que reside en uno de los barrios de la comuna 8, cuenta cómo hombres fuertemente armados intentaron ingresar a la escuela de su hijo a finales de agosto. El grupo pretendía dar una “charla” y repartir panfletos durante la jornada escolar de los estudiantes de bachillerato (adolescentes), pero los docentes se opusieron e impidieron su entrada a las aulas de la institución ubicada en La Fortaleza, otro asentamiento contiguo a donde reside. 

“Varios hombres vestidos con chalecos negros, rostros cubiertos y armados con fusiles rodearon todo el colegio Padre Arturo Zárate”, recuerda Patricia. 

El grupo “reclamaba” que en visitas anteriores tampoco se les había permitido entregar panfletos ni hablar con los jóvenes. 

“Sentí miedo. Ya ni siquiera sabemos si es seguro mandar a los hijos al colegio, todo parece una amenaza, incluso posibles intentos de reclutamiento”, comentó la madre.

El  testimonio de Patricia confirma la vigencia de las alertas contenidas en el informe Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños (junio/ 2025) del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que advierten sobre el uso de los centros educativos para acciones como alojarse, atacar a miembros de grupos enemigos, atender a personal herido, hacer uso de la energía, organizar reuniones, o desarrollar actividades proselitistas.

Mapeo de confrontaciones y alianzas criminales urbanas

La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en octubre de 2025 identificó la presencia activa de tres grupos armados en Norte de Santander: el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), siendo estos dos últimos los de mayor influencia y capacidad de control territorial.

Además, esta oenegé ha identificado al menos 42 grupos delictivos operando en Cúcuta, que en algunos casos establecen alianzas con grupos armados, conformando así un entramado criminal marcado por la fragmentación territorial y disputas constantes por el control de economías ilícitas. 

Entre las estructuras más destacadas se encuentran: La Familia P (Los Porras), organización local con fuerte arraigo y control en varias comunas. Los Manzaneros: nacidos de la fusión entre AK-47 y el Tren de Aragua, con creciente capacidad operativa y Los Mexicanos: una de las redes más consolidadas, con presencia estratégica en el anillo vial occidental y sofisticación logística.

“Más allá de la lucha por el territorio, el flujo migratorio se ha convertido en un recurso estratégico para estas organizaciones por lo que la población migrante, especialmente niños y adolescentes, es sistemáticamente instrumentalizada para tareas como vigilancia, microtráfico y control comunitario, sin necesidad de una vinculación armada formal”, señala Nicolás León, investigador de la línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de PARES.

Un caso emblemático es el de Lucas, un adolescente venezolano de tan solo 14 años, quien fue contactado en octubre de 2025 por una banda criminal para actuar como “campanero” en el asentamiento informal, donde reside con su mamá y dos hermanos pequeños, de 7 y 2 años. El mismo lugar a donde llegó Dulce con su familia. 

“Fue a hacer un mandado y una persona de esas que está metida con gente peligrosa le dijo a Lucas que por qué no trabajaba con él. Me senté a hablar con mi hijo y le dije que ni se le ocurriera meterse en esas cosas, ni con esa gente”, nos cuenta Neida, la madre del adolescente.

El mensajero del grupo delictivo que abordó a Lucas le ofrecía “vigilar el ingreso de personas al barrio”, alertar sobre la presencia policial, identificar miembros de grupos rivales dentro de su comunidad y participar en actividades de microtráfico con un pago semanal.

“Cuando vea a ese tipo, ni lo salude, ni le hable”, le advirtió la mamá.

Neida y sus tres hijos, víctimas previas de migración forzada desde su país de origen, llegaron allí como desplazados internos por el conflicto armado. En enero de 2025, luego de varias amenazas de reclutamiento dirigidas a Lucas, la madre se vio obligada a salir junto a sus niños de una finca ubicada en el kilómetro 8, en la carretera que conduce a la población de Tibú, donde trabajaba en condiciones precarias ejerciendo oficios domésticos —lavar ropa, cocinar, limpiar habitaciones— para integrantes del ELN.

A mi me dió un ataque de nervios. Una vecina me advirtió: ‘váyase ya, aquí es muy peligroso para usted y le van a reclutar a su hijo, no se quede‘. Y eso hice, me vine a Cúcuta.”, dice Neida.

Este panorama evidencia cómo los migrantes forzados sumidos en la precariedad están entre los eslabones más vulnerables frente a las dinámicas criminales que perpetúan la exclusión y la violencia en la región.

Redes sociales: el arma de los reclutadores 

Plataformas como TikTok y Facebook se han convertido en canales para que grupos armados y bandas delictivas establezcan contacto directo con jóvenes vulnerables, y desarrollen sus estrategias de reclutamiento con muy bajo riesgo y gran alcance, explica Laura Bonilla, coordinadora para América Latina de la Fundación PARES,  experta en conflicto armado y patrones de violencia contra civiles. 

Aprovechando la falta de regulación y supervisión, “las redes sociales permiten difundir contenido atractivo, manipular narrativas y captar adolescentes sin levantar sospechas. Esta estrategia ha contribuido a un aumento alarmante en el número de personas rearmadas: de 1.200 en 2018 a 8.000 en 2022”, según reporte de  PARES. Pero Bonilla advierte que no existen cifras oficiales confiables, ya que las instituciones estatales carecen de capacidad técnica para registrar esta realidad.

“Las niñas y adolescentes son instrumentalizadas para fines de explotación sexual, logística e inteligencia y existen casos documentados de participación obligada en acciones violentas”, precisa la investigadora.

“Los grupos armados, particularmente el ELN, están citando a jóvenes a través de redes sociales con falsas promesas de empleo, ofreciéndoles 1.800.000 pesos (aproximadamente 470 dólares) mensuales como gancho. Una vez que se presentan, los retienen y terminan desaparecidos o vinculados forzosamente.”, explica la coronel Sandra Mora, excomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

“La capacidad estatal para rescatar a niños, niñas y adolescentes vinculados a estas estructuras es mínima, mientras que la capacidad de absorción de los grupos armados sigue siendo alta”, concluye Bonilla.

Catatumbo: “Casa del Trueno», testigo del despojo

Históricamente el pueblo indígena binacional Barí ha ocupado la región del Catatumbo, uno de los territorios más castigados por el conflicto armado interno colombiano durante décadas y a la vez considerado zona transfronteriza.

La tierra compartida se extiende principalmente por cinco municipios de Norte de Santander, en Colombia (El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú), y dos municipios del estado Zulia, en Venezuela (Jesús María Semprúm y Machiques de Perijá). Sin embargo, a cada lado de la frontera, el Catatumbo se vive, se percibe y se siente de manera diferente.

La crisis humanitaria en esta región, que deja por ahora casi 83 mil desplazados internos y 182 muertos, según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) que articula instancias que atienden la situación en el Catatumbo, ha profundizado mucho más el historial de despojo y desplazamiento forzado de los Barí, tragedia que se ensaña contra su infancia.

Alexander Dora, vocero del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación del Pueblo Barí, denuncia que desde 2016 hasta la fecha unos 246 niñas, niños y adolescentes de esta etnia binacional han sido reclutados y utilizados por actores armados, de los cuales el 70 % es de origen venezolano.

“Algunos han caído [muertos en combate], a otros los hemos recuperado… a otros no los hemos vuelto a ver”, dice Dora.

El intento por buscar y rescatar a los menores de edad, incluso para recuperar los cuerpos de los que mueren en combate, es una lucha ardua para los Barí. “Enfrentamos el minado de los caminos, quedamos registrados en los retenes que imponen tanto el ELN como las disidencias de las FARC, nos confiscan los teléfonos y revisan nuestras comunicaciones, quedamos atrapados entre los enfrentamientos y también nos han declarado objetivo militar”, alerta Doria.

“A las menores de edad las mandan a las ciudades a llevar paquetes de droga, los usan para captar a otros de sus comunidades. Los comandantes guerrilleros también los usan para que les enseñen la lengua barí, poniendo en riesgo a nuestras comunidades”, apunta.

Los actores armados llevan décadas entendiendo las ventajas tácticas que les da reclutar, usar y utilizar a menores de edad indígenas para avanzar y mantener el control en sus propios enclaves. “Conocer el territorio en términos logísticos y estratégicos para la guerra es fundamental, es conocer senderos, las características de la selva, cómo se debe mover”, explica  Mauro Carrero, antropólogo de la Universidad del Zulia (Venezuela) y quien durante décadas ha estudiado etnias amerindias, entre ellas los barí.

“Cuando tú llegas con un combatiente que habla el idioma de la comunidad es importantísimo, por las relaciones de parentesco y de afinidad, se le abre la posibilidad de entendimiento a estos actores armados”, explica Carrero, también sociólogo.

Dora revela a este equipo que, de unos 54 menores de edad barí actualmente reclutados en las filas del ELN y de las disidencias de las FARC, 18 de ellos apenas tienen 13 años, mientras que unos 36 ya tienen cumplidos los 15 años (16 son varones y 20 son hembras).  “A los que hemos logrado rescatar y proteger nos relatan infinidad de abusos en las filas, el sufrimiento de nuestros niños y niñas ahí en medio de la guerra es muy duro”.

Fuera del radar institucional

La familia de Lucas ha sido clasificada bajo extrema pobreza, de acuerdo al sistema colombiano que categoriza a la población según sus condiciones de vida e ingresos.  En este hogar el hambre acecha constantemente. Hay días en los que la madre no logra llevar un plato de comida para ella y sus niños. 

Lucas también está desescolarizado y en condición de extraedad: el desfase entre su edad biológica y el grado escolar. A sus 14 años solo tiene aprobado segundo grado de primaria. El gran rezago académico, las barreras para el acceso a un programa de aceleración educativa y las precarias condiciones de su vida, son vulnerabilidades que lo siguen exponiendo al riesgo de ser reclutado o captado por estructuras criminales que ofrecen incentivos económicos inmediatos a menores de edad en zonas marginales.

Mientras tanto, Diego, el hermano de 7 años, quien nació en Venezuela con bajo peso y se mantiene en riesgo de desnutrición, espera desde hace 4 años que la autoridad migratoria emita por fin su Permiso por Protección Temporal (PPT) condicionando su entrega a la presentación del acta de nacimiento apostillada, situación que lo mantiene excluido del  servicio de comedor escolar y de ayudas médicas. 

“Le rogué a la profesora que me ayudara a conseguir una comida para Diego, pero me la negó. Una señora que trabaja con el aseo del colegio escuchó mi pedido y me consiguió en la cocina una ración para el niño ese día”, recuerda la madre mientras se le quiebra la voz.

Al hogar de Dulce, el ICBF realizó una visita a finales de septiembre, tras recibir denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos de la adolescente, pues había sido enviada por su madre a trabajar en un bar ubicado en el barrio Nueva Ilusión, donde fue testigo de otra masacre, hecho que fue reseñado por la prensa local.

Luego de unas semanas de este hecho, Dulce fue captada por una banda criminal que la utilizaba para realizar cobros extorsivos a bordo de una moto, acciones por las que recibía pagos que su mamá administraba.

A los días no hubo ni rastro de ella, de su hermanitos ni de su mamá. Carolina abandonó el lugar con sus hijos. Ha realizado llamadas solicitando ayudas económicas a conocidos, en las que manifiesta haber retornado a Venezuela por el temor a que la institucionalidad “le quitara a sus hijos”.

Para Camila Rojas-Sanguino, psicóloga con experiencia en atención a infancias y familias afectadas por el conflicto armado, “la falta de data y caracterización institucional sobre niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado refleja un vacío institucional que impide diseñar respuestas integrales. No se sabe ni cuántos son, ni de dónde vienen, ni qué han vivido, ni qué necesitan. Desde una perspectiva psicosocial, esto también se traduce en una invisibilización”.

Por lo pronto, en los registros del Estado colombiano Dulce, Lucas y los hermanos de estos adolescentes, no existen como víctimas del conflicto armado, parecen estar cada vez más lejos de encontrar justicia, reparación y de un proyecto de vida libre de violencias que restituya sus derechos, los que le negó también el país que les vio nacer.

-FIN-

*Los nombres de las víctimas, de lideresas, del asentamiento receptor tras el desplazamiento interno y de algunas fuentes en terreno, fueron cambiados para salvaguardar su integridad.

Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes y el acompañamiento editorial de Lorenzo Morales. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autoras.

La entrada Niñez migrante en medio del conflicto armado en Colombia: entre el reclutamiento y el desplazamiento forzado se publicó primero en Alianza Noticias.

Por: @EddyTimaure

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, y sin embargo, todavía hoy hablar de salud mental sigue siendo un tabú. No solo por desconocimiento, sino por una serie de creencias culturales, sociales y religiosas que han hecho del malestar un tema incómodo, incluso vergonzoso.

Una de las principales razones es la cultura del pensamiento mágico, esa tendencia tan arraigada en muchos pueblos y comunidades a creer que el sufrimiento puede disiparse con simples decretos de optimismo o con fórmulas espirituales. Es la lógica del “todo pasa por algo”, del “piensa positivo”, del “agradece, que hay otros peores que tú”.

Aunque suenen bienintencionadas, estas frases son en realidad formas de negar el dolor. Constituyen una respuesta automática, vacía, que impide la escucha y refuerza la soledad de quien sufre. El pensamiento mágico, en lugar de sanar, termina siendo una barrera para el pensamiento crítico y para la comprensión científica de los trastornos mentales.

El peso del positivismo tóxico

Vivimos en una sociedad que exige sonreír. Se espera que seamos productivos, fuertes, resilientes y “vibrando alto”, incluso cuando el alma se nos desmorona. Esa presión social, reforzada por el marketing digital y los discursos de autoayuda, convierte el dolor en un signo de debilidad.

Quien expresa tristeza o frustración es censurado, apartado, o se le exige “cambiar la actitud”. Así, las emociones humanas más naturales (la tristeza, la rabia, la ansiedad, el miedo) son reprimidas o maquilladas con frases prefabricadas que solo aumentan la incomprensión.

Y cuando alguien no resiste más, cuando el sufrimiento lo lleva al límite, solo entonces la sociedad reacciona. Pero reacciona tarde.

“Debí escucharlo”, “debí acompañarla”, “no imaginé que estaba tan mal”, son frases que se repiten tras una tragedia, aunque muchas veces quienes las pronuncian también formaron parte del silencio previo, de esa negación colectiva que minimiza el dolor ajeno.

El juicio después del abismo

Lo más cruel es que incluso después de un intento de suicidio —fallido o fatal—, persiste el juicio. Todavía hay quienes se atreven a decir: “eso fue una tontería”, “si tenía tanto por vivir”, “hay gente en peores condiciones”.

Estas expresiones son reflejo de una sociedad incapaz de comprender la profundidad del sufrimiento mental. En lugar de empatía, ofrecen distancia. En lugar de compasión, condena.

Por eso no se trata de un problema individual. Es un problema colectivo, cultural y estructural. Una sociedad que exige sonreír, pero no enseña a escuchar; que habla de empatía, pero no la practica; que presume espiritualidad, pero ignora el sufrimiento humano, es una sociedad que necesita sanar.

Una tarea urgente y común

Atender la salud mental no es solo una responsabilidad médica: es una tarea ética y social. Implica reconocer que todos, en algún momento, necesitamos ser escuchados. Que nadie se cura con frases hechas. Que el acompañamiento real comienza con una pregunta honesta y una disposición genuina a escuchar sin juzgar.

La salud mental no mejora con decretos, ni con mantras, ni con autoengaños colectivos. Mejora cuando existe compasión, presencia y acción.

Cuando dejamos de fingir fortaleza y empezamos a aceptar la fragilidad como parte de la vida.

Cuando la sociedad deja de mirar hacia otro lado y se atreve a mirar el dolor (el propio y el ajeno) con humanidad.

Hoy, más que repetir consignas vacías, recordemos que la empatía no se predica, se practica. Y que el primer paso para cuidar la salud mental colectiva es simple, pero urgente: escuchar de verdad.

La entrada Día Mundial de la Salud Mental: cuando el pensamiento mágico nos impide escuchar. se publicó primero en Alianza Noticias.

Eddy Timaure | Wilfredo Díaz

La victoria de Paisas de Medellín, que se alzó con el campeonato tras una campaña impecable, representa mucho más que una hazaña deportiva. En la cancha se cristalizó una apuesta institucional por un modelo que combina gestión local, visión internacional y una apertura real a nuevos actores del juego.

Un torneo que rompió moldes

Desde el inicio de temporada, la LBP mostró signos de consolidación: coliseos llenos, cobertura mediática nacional y franquicias emergentes disputando el protagonismo. La llegada de Caimanes de Villavicencio a la final, en su temporada debut, confirmó el carácter abierto y competitivo del campeonato.

Para John Mario Tejada, presidente de la Liga, este semestre ha sido “una de las mejores ligas en la historia del baloncesto profesional colombiano”. En declaraciones ofrecidas a Alianza Noticias durante la ceremonia de premiación, Tejada destacó que el crecimiento no ha sido sólo técnico, sino estructural y territorial: “Hay 14 regiones pidiendo tener baloncesto profesional. Eso nos dice que el deporte está vivo, que hay hambre de baloncesto en todo el país”.

El sistema de dos torneos anuales (apertura y clausura) ha permitido mayor dinamismo competitivo, renovación de plantillas y una conexión sostenida con la audiencia. De hecho, ya se proyecta la incorporación de nuevas franquicias para el segundo semestre, con miras a una liga más amplia y representativa.

Venezuela como espejo, no como sombra

Uno de los aspectos más notables del actual proceso ha sido el reconocimiento institucional del modelo venezolano como fuente de aprendizajes. “El baloncesto colombiano está resurgiendo, y Venezuela ha sido un gran espejo”, afirmó Tejada sin ambigüedades. El referente es claro: Venezuela ha logrado construir, a lo largo de las décadas, una cultura sólida alrededor de este deporte, y Colombia ha sabido mirar con inteligencia hacia ese ejemplo, no para replicarlo, sino para adaptarlo a su contexto.

La figura de Daniel Seoane, técnico campeón y exseleccionador nacional venezolano, es apenas una muestra de cómo el conocimiento migrante puede enriquecer procesos locales. Más que una transferencia táctica, ha sido una transferencia de cultura profesional, de disciplina y de visión de largo plazo.

La presencia del entrenador venezolano al frente del conjunto paisa, fue decisiva. Sin protagonismos innecesarios, su aporte metodológico y su capacidad para cohesionar equipos jóvenes se convirtió en una pieza clave para explicar el título antioqueño.

Horses 12, la academia del baloncesto en Medellín

Otra referencia de integración deportiva digna de mencionar es la del exjugador profesional Juan Carlos Rodríguez, quien tuvo una destacada trayectoria en Venezuela con equipos como Panteras de Miranda, Toros de Aragua y Gaiteros del Zulia, y desde su llegada a Medellín viene dirigiendo la academia Horses12, una escuela de baloncesto que se ha convertido en semillero de talento en Antioquia.

Bajo el liderazgo de Rodríguez, Horses12 no solo ha participado con éxito en torneos departamentales y nacionales, sino que ha logrado posicionarse como un puente real entre ambas culturas deportivas.

Jóvenes de origen colombiano y venezolano entrenan, compiten y crecen juntos, evidenciando cómo el deporte puede convertirse en un poderoso agente de cohesión social y construcción de comunidad binacional

Más allá de las fronteras

Lo que deja el Torneo Apertura 2025 de la LBP no es solo un campeón, sino una lección: el baloncesto colombiano ha dejado atrás viejos paradigmas y se está posicionando como un espacio abierto a la innovación, al mérito y a la diversidad. La integración colombo-venezolana no ha sido retórica, ha sido práctica.

Y esa es la verdadera victoria: cuando el deporte deja de ser territorio de origen y se convierte en territorio compartido.

Con la segunda edición del año, prevista para septiembre, la expectativa crece. Lo que parecía una excepción se está volviendo norma: una liga viva, plural y en constante ascenso, donde el talento —venga de donde venga— encuentra una cancha para brillar.

La entrada Integración binacional y liderazgo colectivo en el nuevo rostro del baloncesto colombiano se publicó primero en Alianza Noticias.

Por Eddy Timaure

Cuando el baloncesto de Antioquia buscaba un nuevo horizonte competitivo, apareció el liderazgo estratégico de Daniel Seoane, entrenador venezolano de proyección internacional, quien hoy comanda al equipo Paisas de Antioquia en su histórica llegada a la final del baloncesto profesional colombiano.

Su presencia en Medellín no solo representa una incorporación técnica de alto nivel, sino también un ejemplo concreto del impacto positivo de la migración venezolana en los escenarios deportivos, culturales y profesionales del país.

Talento venezolano que transforma equipos

Con una hoja de vida que incluye su paso por la Selección Nacional de Venezuela y clubes destacados en la Liga de las Américas como Guaros de Lara, Seoane no aterrizó en Antioquia para repetir fórmulas, sino para construir desde la esencia local.

El resultado ha sido una escuadra revitalizada, cohesionada y con mentalidad de campeonato. Los números lo confirman: 12 victorias consecutivas como local y la mejor defensa de la liga, permitiendo solo 72.8 puntos por juego.

Un liderazgo que va más allá de la táctica

Seoane no se limita a entrenar, moldea culturas deportivas. A través de talleres de cohesión, scouting personalizados y una rigurosa preparación mental, ha logrado cambiar la narrativa interna del equipo.

Este enfoque ha generado una transformación profunda en el grupo, tal como lo relata Andrés Carmona, capitán del equipo: “Daniel cambió nuestra mentalidad. Nos hizo creer que podíamos vencer a cualquiera. Nos enseñó que los partidos también se ganan con inteligencia emocional y estudio”. 

Tres pilares de su fórmula ganadora

Seoane articula su trabajo bajo tres principios innegociables:

1. Preparación obsesiva: Analiza cada detalle del rival, desde sus patrones de juego hasta su reacción emocional. 

2. Cultura del esfuerzo: Ha logrado que los jugadores lleguen hasta dos horas antes a los entrenamientos por iniciativa propia.

3. Mentalidad ganadora: Desde el primer día, su mensaje fue claro: “No vinimos a participar, vinimos a hacer historia”.

Un aporte que trasciende el deporte

La presencia de Daniel Seoane en Medellín no solo potencia al equipo Paisas, sino que es un símbolo del valor que aporta la comunidad venezolana a los procesos de integración y excelencia en Colombia. Representa a una generación de migrantes que, lejos de ver fronteras, ve oportunidades para construir, aportar y trascender.

Su historia confirma que el talento no tiene nacionalidad cuando se conjuga con compromiso y visión compartida.

En palabras del propio Seoane: “Un título no se gana con cinco jugadores, sino con una ciudad entera creyendo. Cuando el Iván de Bedout grita, nuestros rivales tiemblan”.

En Antioquia, el baloncesto vive una nueva era. Y el aporte del liderazgo venezolano está en el centro de esa historia.

La entrada Daniel Seoane, el aporte del baloncesto venezolano en Antioquia. se publicó primero en Alianza Noticias.

Por Gilberto Martínez

La pobreza, lejos de ser una marca de vergüenza o un defecto personal, es una realidad que afecta a la mayoría por causas estructurales y no debe ser vista como un estigma. Comprender esto es fundamental para construir una sociedad más justa, donde la dignidad y los derechos de todos sean respetados (Noticias UCA, 2019)

La pobreza: mucho más que carencia material

Ser pobre implica sufrir carencias: dificultades para alimentarse, falta de vivienda digna, empleo precario o inexistente, y ausencia de protección social. Sin embargo, reducir la pobreza solo a la falta de recursos económicos es simplista. La pobreza es un fenómeno multidimensional, resultado de procesos sociales, económicos, culturales y políticos que privan a las personas de activos y oportunidades esenciales para una vida digna (Batthyány, 2020).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial han demostrado que las personas en condición de pobreza suelen ser las más ocupadas, pero la mayoría trabaja en la informalidad o bajo condiciones que perpetúan la pobreza. No son responsables de su situación; la sociedad en su conjunto lo es, debido a la desigualdad estructural y la falta de oportunidades (Sotomayor, 2023).

“No son ellos, pues, los culpables de su situación, sino la sociedad en su conjunto. Por ello, el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de tomar cartas en el asunto” (Noticias UCA, 2019).

El estigma de la pobreza: una construcción social injusta

El estigma asociado a la pobreza surge de prejuicios y desconocimiento. Se tiende a culpar a los pobres de su situación, ignorando las desigualdades estructurales que les impiden acceder a servicios básicos, empleos de calidad y derechos fundamentales. Este estigma se traduce en exclusión social y política, agravando la situación de quienes ya enfrentan carencias materiales (Sotomayor, 2023).

La pobreza, por tanto, no es una condición vergonzosa ni una falla individual, sino el resultado de una distribución desigual de oportunidades y recursos. En palabras de Amartya Sen, una persona es pobre si carece de los recursos para ser capaz de realizar un mínimo de actividades esenciales para vivir con dignidad (Sen, 2000).

La inequidad histórica: riqueza, poder y despojo

La desigualdad de riqueza es un fenómeno antiguo. Estudios arqueológicos muestran que la brecha entre ricos y pobres comenzó a moldear las sociedades humanas hace al menos 10.000 años, intensificándose con el crecimiento de las poblaciones y la concentración de recursos (Swissinfo, 2025).

“Mucha gente imagina las sociedades primitivas como igualitarias, pero nuestra investigación muestra que la desigualdad de la riqueza se arraigó sorprendentemente pronto” (Swissinfo, 2025).

En la historia moderna, la acumulación de riqueza frecuentemente ha estado asociada a la explotación, la colonización y la negación de derechos a amplios sectores de la población, lo que refuerza la idea de que la pobreza es una condición impuesta, no elegida (Batthyány, 2020).

La visión cristiana: dignidad y opción preferencial por los pobres

Desde la perspectiva cristiana, la pobreza nunca ha sido vista como un defecto moral. Jesucristo se identificó con los pobres, afirmando: “A los pobres los tienen siempre con ustedes” (Marcos 14:7, Biblia de Jerusalén, 1998).

Jesús no solo convivió con los pobres, sino que los puso en el centro de su mensaje, reconociendo su dignidad y su papel como verdaderos evangelizadores (Vaticano, 2021).

El Papa Francisco reiteró en su momento que la opción preferencial por los pobres es una exigencia ética y social que nace del amor de Dios y está en el corazón del Evangelio. No se trata de una postura política o ideológica, sino de una respuesta a la injusticia social, la desigualdad de oportunidades y la marginación (Vatican News, 2020).

La educación católica refuerza esta concepción: “Pobre es aquel al que no se le respeta la dignidad, al que se vulneran sus derechos y que no tiene la posibilidad de utilizar los bienes para alcanzar la salvación” (Ronald, 2020).

Hacia una sociedad sin estigmas, ¿es posible?

La pobreza no debe ser un estigma. Es una condición impuesta por la desigualdad estructural y la falta de acceso a oportunidades, no un defecto personal. La historia demuestra que la riqueza de unos ha sido, muchas veces, resultado de la apropiación y el ejercicio ilegítimo del poder. La visión cristiana, así como los enfoques contemporáneos de derechos humanos, nos llaman a reconocer la dignidad de los pobres y a luchar por una sociedad más equitativa, donde el acceso a los bienes y oportunidades sea un derecho para todos.

La entrada La pobreza no es un estigma: una mirada justa y humana se publicó primero en Alianza Noticias.

Nota de prensa

Se trata de Alan Sánchez Soriano, reconocido galeno que por su trayectoria en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas es conocido como el médico de «las grandes ligas».

No solo leyendas de nuestro béisbol, acuden a este centro de rehabilitación. También peloteros en plena carrera de grandes ligas como Liván Soto (Orioles) o Silvino Bracho (Diamondbacks).

En un país que ha visto partir a muchos de sus mejores talentos, el traumatólogo Sánchez Soriano es un firme referente de excelencia médica y compromiso humano.

Sánchez representa esa pasión, entrega y calidad que distingue a la medicina venezolana.
Especialista en fisioterapia y rehabilitación traumatológica, Alan Sánchez Soriano ha ganado respeto no solo por su preparación académica y especialización, sino por su trato cercano, ético y dedicado a cada paciente.

Los grandes ligas confían en Sánchez Soriano

Su trabajo lo ha llevado a atender a destacadas figuras del deporte como Omar Vizquel, Silvino Bracho, Israel Pineda, Jesús Valles, Jesús Sucre, Juan Querecuto, Henry Centeno, Ben Holmes, Carlos Rivero, Emerson Martínez, Felipe Rivero, Gabriel Lino, Liván Soto, Aldrem Corredor, Wilfredo Tovar, Gabriel Noriega, Harold Castro, Jhon Jairo Romero, Jhoulys Chacín y José Torres, entre otros.

Son atletas de alto rendimiento que han confiado en su experiencia para recuperar su forma física y competir al más alto nivel.

El doctor Sánchez Soriano es también el fundador de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Músculo Esqueléticas (UNIDITEME).

Se trata de un espacio clínico donde se combinan la evaluación precisa con terapias especializadas para la recuperación funcional de pacientes con lesiones complejas.
Desde allí ha impulsado un modelo de atención integral que privilegia la calidad médica sin descuidar la dimensión humana.

«Siempre he creído que el país se reconstruye también desde la salud. Quedarme en Venezuela y aportar desde la medicina deportiva ha sido una decisión de vida”, asegura el especialista.

Dedicación y ética como norte

Más allá de sus logros profesionales, su figura destaca como ejemplo de compromiso con el país, ética médica y vocación de servicio, valores que hoy más que nunca merecen ser reconocidos y celebrados.

Su labor constante lo convierte en una de esas figuras que honran el ejercicio de la medicina y demuestran que en Venezuela hay profesionales de primer nivel, formados para sanar, acompañar y transformar vidas.

“Gracias al Dr. Sánchez volví a entrenar sin dolor y retomar mi ritmo de vida con confianza. Su enfoque va más allá de la terapia: es humano y directo”, afirma Jesús Sucre, beisbolista profesional.

Para contactos con este prestigioso especialista: +58 412-2083234 y en la dirección de UNIDITEME en la Torre EXA de El Rosal en El Rosal, Chacao. En Instagram: @uniditeme

La entrada El venezolano que es médico de las grandes ligas se publicó primero en Alianza Noticias.

Por Douglas Zabala

Hoy toca hablar de Carlos Raúl Villanueva, el gran creador de esa obra maravillosa llamada Universidad Central de Venezuela. Debo resaltar que la primera vez que tuve oportunidad de rondar sus pasillos y su majestuosa Aula Magna fue en el año 1969 cuando llegué a lo que es hoy su Facultad de Ciencias, pero que en ese tiempo estaba llena de estudiantes -como yo- de la Escuela Técnica Luis Caballero Mejías.

Villanueva fue un caraqueño nacido el 30 de mayo de 1900. Carlos Raúl, habiendo nacido con el siglo XX sigue siendo un pilar fundamental en la historia de la arquitectura venezolana. Su formación en París y sus obras emblemáticas, como la Ciudad Universitaria de Caracas, destacan su visión innovadora y su compromiso con el mundo de la arquitectura.

Villanueva no solo dejó un legado arquitectónico, sino también un mensaje claro: «La arquitectura es el arte de construir el espacio».

Carlos Raúl Villanueva fue un visionario que entendió que la arquitectura trasciende lo físico y se convierte en un medio para mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la identidad cultural. Obras como la Unidad Residencial El Paraíso y la Urbanización 23 de Enero, son ejemplos tangibles de cómo se puede integrar funcionalidad y estética en el espacio urbano y social.

Desde finales de los años 20 y hasta principio de los 80, el maestro Villanueva diseñó la figura de una Venezuela que conquistó el siglo XX con obras como la Plaza de Toros La Maestranza, en Maracay; el Museo de Bellas Artes de Caracas y el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolivar, la urbanización El Silencio y muchas otras donde aún sobrevive la firma de su genio.

En una Venezuela que hoy enfrenta la tragedia de ver obras paralizadas como el Ferrocarril Puerto Cabello – Caracas o el Puente Nigales en el Zulia y un estancamiento peligroso en todo el desarrollo urbano y social; es vital que las nuevas generaciones, no solo de arquitectos, sino de profesionales en diversas disciplinas, reconozcan la importancia de su obra.

Es esencial que los jóvenes profesionales se inspiren en figuras como Villanueva para reimaginar el futuro del país. La resiliencia y creatividad que él demostró son cualidades necesarias para enfrentar los desafíos actuales. En este sentido, recordar su legado debe ser una brújula para aquellos que buscan contribuir a un renacer arquitectónico y cultural del país.

La obra de Villanueva nos invita a soñar con una Venezuela donde la construcción del espacio siga siendo un acto de amor hacia nuestra nación y su gente.

La entrada Recordando a Villanueva se publicó primero en Alianza Noticias.

Por Douglas Zabala

En un día que quedará grabado en la memoria colectiva de Venezuela, el 25 de febrero de 2025, el Papa Francisco anunció la Canonización del Beato José Gregorio Hernández Cisneros, quien se convertirá en el primer Santo del país.

Este acto no solo marca un hito histórico, sino que también se erige como un faro de esperanza en medio de la adversidad que vive la nación. En los tiempos actuales, donde Venezuela enfrenta múltiples desafíos, la santificación de José Gregorio Hernández representa un símbolo de unidad y fe para el pueblo creyente. Su elevación a los altares refuerza la espiritualidad y la esperanza de millones de venezolanos que esperan que la luz divina disipe las sombras en las que parece sumergido el país.

Un legado de servicio y compasión

Conocido como el «médico de los pobres», José Gregorio Hernández dedicó su vida al servicio desinteresado, atendiendo a los más necesitados sin distinción. Su legado trasciende las fronteras de la medicina; es un símbolo de compasión y solidaridad.

A la edad de 17 años ingresa a la Universidad Central de Venezuela (UCV) para iniciar sus estudios de medicina. Allí obtuvo la profesión de Médico, que le serviría para hacer de científico, profesor y ahora santo. Además, fue un destacado filántropo, de vocación católica, y franciscano seglar.

Los milagros que llevaron a su canonización incluyen la curación inexplicable de la niña Yaxury Solórzano, quien había sufrido una grave herida de bala en la cabeza y cuya recuperación completa fue atribuida a la intercesión de José Gregorio. Asimismo, un segundo milagro reconocido por el Vaticano fue la sanación de un hombre que padecía una enfermedad terminal, sin explicación médica alguna, lo que consolidó su camino hacia la santidad.

Las tres madres que esperan acompañarle

Aunque José Gregorio Hernández es el primer venezolano en ser santificado, aún hay tres beatas venezolanas en espera de su canonización: las madres María de San José, Carmen Rendiles y Candelaria de San José. Luego de una vida de probidad, se les atribuyen distintos hechos milagrosos que, eventualmente, podrían llevarlas también a la santidad.

En un contexto donde la crisis económica, social y política ha golpeado fuertemente a Venezuela, la noticia de su canonización resuena como un aliento renovador.

La figura del Beato se convierte en un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la bondad pueden prevalecer.

La devoción hacia San José Gregorio ha crecido exponencialmente en los últimos años, reflejando el anhelo del pueblo venezolano por valores como la caridad y el amor al prójimo. Su canonización no sólo celebra su vida, sino que invita a todos a seguir su ejemplo y a encontrar formas de ayudar y servir a quienes más lo necesitan.

Así, el hacedor de milagros de Isnotú se erige como un santo contemporáneo, cuya vida inspira a los venezolanos actuales a enfrentar los desafíos con esperanza y humanidad.

En tiempos difíciles, su legado nos recuerda que cada acto de bondad cuenta y que siempre hay luz al final del túnel.

Bendiciones a San José Gregorio Hernández.

La entrada Venezuela celebra su primer santo se publicó primero en Alianza Noticias.

Por Douglas Zabala

Los ecos de la resistencia juvenil en la batalla de La Victoria, liderada por José Félix Ribas junto a los seminaristas aquel 12 de febrero de 1814, y la rebelión estudiantil de 1928 aún resuenan en la memoria colectiva de Venezuela. En ambos episodios, grupos de jóvenes valientes se levantaron primero contra la opresión del régimen imperial español y, más de un siglo después, contra la dictadura de Juan Vicente Gómez.

El calendario marcaba el lunes 6 de febrero de 1928. Los estudiantes ya estaban concentrados en la plazoleta de la Universidad Central de Venezuela cuando Pío Tamayo tomó la palabra. En el acto de coronación de Beatriz I, leyó un poema que las autoridades gomecistas consideraron subversivo. También intervinieron los estudiantes de Derecho Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Joaquín Gabaldón Márquez, cuyos discursos fueron calificados como inconvenientes por los cuerpos de seguridad. Además, Guillermo Prince Lara rompió una lápida en honor a Juan Vicente Gómez. Ante estos hechos, el Gobierno decidió suspender los actos conmemorativos, que se habían convertido en una verdadera rebelión estudiantil.

Hoy, mientras las sombras de una dictadura persisten bajo el mando ilegítimo de Nicolás Maduro, los jóvenes de nuestro país enfrentan un nuevo desafío: no desmayar en la lucha para que la victoria de Edmundo González Urrutia, bajo el liderazgo de María Corina Machado, se haga realidad. La historia de los jóvenes de La Victoria y de la Generación del 28 sigue siendo una fuente de inspiración para nuestra juventud.

A pesar de que los días 28 y 29 de julio de 2024 varios de ellos ofrendaron sus vidas y miles han sido encarcelados por el régimen, tan solo por exigir respeto a la soberanía popular, hoy continúan en pie de lucha. En este Día de la Juventud, su resistencia nos recuerda que cada esfuerzo cuenta y que su voz, junto a la de millones de venezolanos dispuestos a no pasar la página del 28 de julio, puede marcar la diferencia en este arduo camino hacia la libertad.

La entrada Jóvenes en resistencia se publicó primero en Alianza Noticias.

Desde la finalización del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) y la suspensión de nuevos Permisos por Protección Temporal (PPT), los migrantes venezolanos en Colombia deben optar por visas para regularizar su permanencia en el país. El ETPV, implementado en 2021, fue una medida excepcional que permitió la regularización de más de 2 millones de venezolanos, otorgándoles acceso a servicios básicos y trabajo formal. Sin embargo, con el cierre de esta política, la alternativa principal para quienes buscan estabilidad legal en Colombia es la solicitud de una visa.

Actualmente, Colombia ofrece diferentes tipos de visas según la situación de cada migrante, incluyendo la Visa de Residente (R), de Migrante (M), de Visitante Especial (V) y de Trabajo, entre otras. Estas opciones buscan garantizar la integración en la sociedad colombiana, el acceso a empleo formal y la construcción de un futuro estable en el país. A continuación, te explicamos cada una de ellas y sus requisitos.

Visa Tipo R (Residente)

Esta visa está dirigida a aquellos ciudadanos venezolanos que hayan permanecido en Colombia durante al menos cinco años bajo el Permiso por Protección Temporal (PPT) o el Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Beneficios:

• Permite trabajar y desarrollar cualquier actividad lícita en el país sin restricciones.
• Es de larga duración y facilita la estabilidad migratoria.
• Puede ser un paso previo a la naturalización como ciudadano colombiano.

Requisitos generales:

• Haber cumplido con los cinco años de residencia continua con PPT o PEP.
• Presentar antecedentes judiciales y documentos que acrediten la estabilidad económica o laboral.
• Pagar los costos de estudio y expedición de la visa.

Visa Tipo M (Migrante)

La visa de migrante está diseñada para aquellos extranjeros que desean establecerse en Colombia, pero que aún no cumplen con los requisitos para obtener la visa de residente.

Beneficios:

• Permite residir en Colombia de manera prolongada.
• Habilita para trabajar, estudiar o realizar otras actividades lícitas.
• Puede ser solicitada por personas con vínculos familiares, laborales o de inversión en el país.

Requisitos generales:

• Dependiendo de la categoría (trabajo, cónyuge de ciudadano colombiano, inversión, entre otros), se deben presentar documentos específicos.
• Pasaporte vigente y certificado de antecedentes judiciales.
• Pago de los costos correspondientes.

Visa de Trabajo

Esta visa está dirigida a extranjeros que han firmado un contrato laboral con una empresa colombiana. Su expedición depende del empleador, quien debe justificar la necesidad de contratar a un extranjero.

Beneficios:

• Permite trabajar formalmente en Colombia con todos los derechos laborales.
• Puede ser renovada según la duración del contrato.
• Facilita la inclusión en el sistema de seguridad social.

Requisitos generales:

• Contrato de trabajo vigente con una empresa colombiana.
• Certificación de idoneidad profesional o experiencia laboral.
• Carta de compromiso del empleador sobre responsabilidades contractuales.

Visa Tipo V (Visitante Especial)

Esta visa es una categoría reciente, creada para regularizar la situación de los venezolanos que desean establecerse en Colombia sin cumplir los requisitos de otras categorías.

Beneficios:

• Permite la permanencia legal en el país por un tiempo determinado.
• Facilita la transición hacia una visa más estable como la M o la R.
• Posibilita el acceso a servicios y derechos dentro del país.

Requisitos generales:

• Presentar documentos de identidad válidos.
• Justificación de la necesidad de permanecer en el país.
• Pago de los costos de estudio y expedición.

Proceso y Costos

Para tramitar cualquiera de estas visas, se debe presentar la solicitud ante la Cancillería de Colombia. Cada visa requiere un pago por el estudio de la solicitud y, en caso de ser aprobada, el costo de expedición varía según el tipo de visa.

Para información actualizada sobre tarifas y requisitos, se recomienda visitar la página oficial de la Cancillería de Colombia (https://www.cancilleria.gov.co).

La entrada Cómo obtener una Visa en Colombia: guía para migrantes venezolanos se publicó primero en Alianza Noticias.

La Alcaldía de Cali, en articulación con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), ha abierto una convocatoria para que la población migrante venezolana residente en la ciudad pueda acceder a un subsidio familiar de vivienda en la modalidad de arrendamiento.

Según el Observatorio Nacional de Migraciones, Cali es la quinta ciudad con mayor número de migrantes en Colombia, con 129.113 personas. La integración social y económica de esta población es un desafío, y el acceso a una vivienda digna juega un papel fundamental en su estabilidad.

¿Quiénes pueden postularse?

Para acceder a este beneficio, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Tener ingresos de hasta dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (2 SMMLV).
No ser propietario de una vivienda en Colombia.
No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda previamente.
No haber recibido coberturas de tasa de interés a ningún título.
Residir en la zona urbana de Santiago de Cali y contar con cédula de extranjería, Permiso de Protección Temporal (PPT) o un documento válido según la normativa nacional.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal web del Ministerio de Vivienda en la sección de Postulación para el Programa de Arriendo Solidario para Migrantes.

Desde la Alcaldía de Cali han señalado que este programa forma parte de los esfuerzos institucionales para facilitar la inclusión y el bienestar de la población migrante. La subsecretaria de Atención Integral a Víctimas, Adriana Loaiza, destacó que se trata de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Vivienda, Fonvivienda y la Secretaría de Bienestar Social para garantizar el acceso a este tipo de subsidios.

Para más información y orientación sobre el proceso, las familias interesadas pueden escribir al correo electrónico migrantes.bienestar@cali.gov.co con nombre completo y número de celular.

La entrada Familias migrantes venezolanas en Cali podrán postularse a subsidio de vivienda se publicó primero en Alianza Noticias.

Carleth Morales @carlethpms

Este martes 17 de diciembre, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, entregó el Premio Sájarov 2024 a la Libertad de Conciencia a Edmundo González, reconocido por el Parlamento Europeo como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela; y a María Corina Machado, reconocida también como líder de la oposición democrática en Venezuela tras un proceso de primarias, representada en este acto por su hija, Ana Corina Sosa.

“Este galardón no es solo un reconocimiento, sino también un recordatorio de que la lucha por la libertad nunca es en vano. El futuro de Venezuela pertenece a su pueblo y el Parlamento Europeo está orgullosamente a su lado”, dijo Metsola en la apertura de la ceremonia.

“Acepto con gratitud, pero sobre todo con inmensa responsabilidad, la decisión del Parlamento Europeo de entregarnos el Premio Sájarov a la incansable dirigente María Corina Machado y a mí”, señaló en su discurso Edmundo González, quien cerró haciendo un llamado a los europarlamentarios “porque la lucha por la libertad y la democracia en nuestro país, también es la lucha por estos valores en todo el planeta”, originando un emotivo aplauso de pie por parte de los europarlamentarios.

Por su parte, María Corina Machado, vía online, se dirigió al pleno con un discurso en el que agradeció al Parlamento Europeo “por honrar al pueblo venezolano” y recordó la lucha que desde hace más de 25 años libran por la libertad y la democracia.

“Al reconocer a los venezolanos en nuestra hora más oscura y peligrosa, ustedes demuestran su confianza en nosotros y nuestro destino. Este galardón es un tributo a cada venezolano que ha decidido ser libre”

Expresó Machado, recibiendo un largo aplauso de los diputados europeos.

González muestra las actas

En el seminario y la rueda de prensa previa a la ceremonia, González Urrutia mostró una de las actas que certifican la amplia ventaja que obtuvo en las presidenciales del pasado 28 de julio frente a la candidatura de Nicolás Maduro, y dijo: “Pedimos lo que piden todos, el respeto a la soberanía popular. Nosotros estamos comprometidos en hacer respetar ese mandato. Abundan las pruebas de los crímenes, atrocidades, cometidas por el régimen contra los venezolanos. Los presos políticos aumentaron de trescientos a casi dos mil desde las elecciones. Tenemos la más alta tasa de migración sin un conflicto armado. Exigimos una presión articulada de la comunidad internacional, que haga valer y respetar la soberanía popular que expresaron los venezolanos el 28 de julio”.

Ana Corina Sosa, por su parte, recordó que “con este galardón se reconoce la lucha de todos los venezolanos de dentro y de fuera que han puesto en peligro su vida. La causa venezolana es universal porque defiende el futuro de las causas liberales, no vamos a rendirnos, lucharemos hasta el final”.

Machado hace un llamado al apoyo internacional

María Corina Machado, conectada desde Caracas también para los actos previos a la ceremonia, dijo en respuesta a los periodistas: “Durante años hemos escuchado que el régimen está dispuesto a todo. Hace dos años Venezuela se veía oscura y comenzó este movimiento. Y nos decían que era imposible que el país se uniera y que volviera a confiar. Y nos dijeron que era imposible sin tener interferencia del régimen. Y logramos inscribir a Edmundo en condiciones absolutamente adversas, y participamos en las elecciones porque decidimos que era trascendental. Y dijeron que era imposible demostrar la victoria, y en 24 horas teníamos las actas originales. Con la misma fuerza y determinación estamos cada día”.

Delante de más de medio centenar de periodistas internacionales, Machado fue enfática: “Maduro está aislado y cada día más débil. Es evidente que las fracturas internas crecen. El 10 de enero Maduro tiene una oportunidad y es aceptar los términos de una transición ordenada y estable. Nunca hemos tenido tanta fuerza interna y tanto apoyo internacional. Es el momento de consolidar la victoria y lograr la victoria en Venezuela”.

Carleth Morales es periodista, correctora y diseñadora Coautora y coordinadora de los libros Periodismo en España, Relatos para periodistas venezolanos (2016) y Transición en Venezuela. Apuntes para la reconstrucción institucional (2017). Vive en España desde el año 2000, donde fundó la asociación para periodistas venezolanos en España Venezuelan Press

La entrada «Viva Venezuela libre», Edmundo González en el Parlamento Europeo se publicó primero en Alianza Noticias.