Por Paula Andrea Jiménez y Nairobys Rodríguez 

Solo habían transcurrido dos semanas desde uno de los terremotos más fuertes en las últimas décadas en el país, cuando la orden presidencial de deportación de migrantes en situación irregular retumbó con más fuerza en zonas devastadas: damnificados, sin empleo y algunos con pérdidas de familiares en el doblete sísmico en Venezuela.

La de Nieve Malavé es una tragedia que emerge con el terremoto que estremeció el occidente colombiano la mañana del pasado 10 de agosto. Retumbó a más de 2,289 kilómetros del epicentro, en una zona rural del extremo costero oriental de Venezuela.

“Por favor los estoy buscando a ellos, yo estoy en Venezuela. Si alguien me puede dar información o alguien que los conozca, ellos son mis hijos”.

Era parte del mensaje de la mujer de 29 años, preguntando por Santiago y Samuel (11 años y 9 años) en redes sociales, cuando supo de la devastación que generó el terremoto en el país vecino.

Su angustia se elevó aún más tras ser víctima del arrebato bajo engaño de sus niños hace cuatro años por parte de la abuela paterna, quien se los llevó escondidos hacia Colombia para entregarlos al padre en Risaralda, uno de los departamentos más devastados por el terremoto.

“Por favor… si alguien sabe o los conoce, por favor… están en Pereira”, insistía.

Tras días de incertidumbre un escueto mensaje le confirmaba que los niños estaban con vida. El celular del padre biológico es el único dispositivo por el que escasamente pueden hablar con ella. Él vigila y limita estrictamente las conversaciones. 

Al historial de violencia machista del que Nieve fue víctima por parte de Oscar Antomarchi Piñero, incluso estando en embarazo, se suma la violencia vicaria que éste ha ejercido contra ella.  

Aunque la Cancillería venezolana inició la solicitud de restitución internacional de los niños, las autoridades colombianas hacen caso omiso, ejerciendo prácticas revictimizantes contra la madre, tanto desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como desde el sistema de justica, favoreciendo al hombre quien se valió de “procesos legales” para seguir castigandola tras la separación. El de Nieve no es el primer caso de este tipo.

El impacto del terremoto en la población migrante venezolana en Colombia

La magnitud del terremoto, que se extendió a 16 de los 32 departamentos de Colombia recayó con más fuerza sobre cinco de ellos, en la región Pacífico y centro occidente del país: Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas. A un mes de la tragedia casi 500 municipios quedaron con afectaciones.

El impacto humanitario deja 331 personas muertas, 4.505 heridas, 356 rescatadas, 259 cuerpos recuperados y 111 personas continúan desaparecidas. Entre las 466 mil personas afectadas en todo el territorio nacional, se incluyen miembros de comunidades étnicas: pueblos afrocolombianos, indígenas y migrantes venezolanos, aunque estos últimos no aparecen tácitamente en reportes oficiales. 

La enorme cantidad de energía liberada tras el movimiento telúrico y su capacidad destructiva ha sido descrita por el Servicio Geológico Colombiano como el “equivalente a unas 125 a 130 bombas de Hiroshima”, en alusión al bombardeo atómico de EE.UU. contra Japón en agosto de 1945.

Son centenares las infraestructuras averiadas, destruidas y a punto de colapso, que incluyen centros de salud, educativos y comunitarios, viviendas, acueductos, carreteras, aeropuertos, etc.

Aunque el regreso a las aulas ha sido progresivo, el ministerio de Educación informó que la tragedia impactó casi 1 millón de matrículas de niñas, niños y adolescentes, una vez que se reportaron afectaciones en 387 municipios: 3.872 centros escolares sufrieron daños (64,3 % en la ruralidad). Sin embargo, la plataforma 3iS de análisis de datos eleva a 4,313 las instituciones educativas afectadas.

El de Jatniel Hernández (13 años), está entre los cientos de colegios afectados en el país, La mañana del 10 de agosto quedó registrado en redes sociales cómo su colegio ubicado en la ciudad de Pereira (Risaralda) se tambaleaba y se iba desplomando parte de la estructura, mientras alumnos y profesores corrían para salvar sus vidas. 

Jatniel, hace parte de una familia migrante venezolana oriunda de Cumaná, estado Sucre (oriente), que buscó refugio hace nueve años en Colombia. El trauma vivido lo ha dejado con fuertes afectaciones del sueño y se mantiene desescolarizado.

“Caían muchas cosas en medio del terremoto, estaba como ciega entre tanto caos y polvo. Salí corriendo por mi hijo, decían que su colegio se había venido abajo”, nos dice Ormelys Mayz, madre del adolescente, quien logró salvar su vida segundos antes del desplome del restaurante donde trabajaba. 

Su esposo e hijos mayores también quedaron sin empleo. Han estado itinerantes, pernoctado durante varias semanas en lugares distintos y cerca de la edificación de varios pisos en la que residían junto a otras 3 familias migrantes en el sector de Boston, una estructura que quedó inhabitable. Se turnan para cuidar sus enseres. 

Luis Fernando (19), uno de los hijos de Ormelyz también se sumó a las labores de rescate entre vecinos. Los devastadores terremotos ocurridos en junio en Venezuela les remueven como familia dolores que retumban en su hogar y en la ciudad que los ha acogido durante años. 

El miedo, el dolor, la rabia y no tener redes de apoyo familiares hacen más hondo atravesar el duelo. El trauma los ha afectado profundamente, aunado a la escasez de empleo y los montos de los alquileres que se han disparado. 

 “Nuestra única alternativa por ahora es irnos a Venezuela, no quiero estar más de un lado a otro, es tan difícil esto”, nos dice Orme, como le dicen cariñosamente en su familia a esta madre de 45 años.

Ni el gobierno ni las agencias de cooperación internacional asoman opciones de rutas humanitarias de retorno voluntario para cruzar Colombia y atravesar Venezuela para llegar a Sucre, su estado natal. 

Los costos en transporte comercial son imposibles de asumir para los ocho integrantes de esta familia, dentro de los que se cuentan 2 niños, una joven embarazada y una adulta mayor insulinodependiente. 

Por si fuera poco lo vivido, se suma otro miedo: una parte de los integrantes del núcleo familiar no cuenta con regularización migratoria. Algunos llegaron después del cierre del Permiso por Protección Temporal (PPT) para venezolanos en Colombia, que el saliente gobierno de Gustavo Petro decidió no reabrir después de 2023. En medio de la devastación sísmica la zozobra y la incertidumbre pesan más. 

La salud mental de los migrantes en los departamentos más devastados

Cuando apenas habían transcurrido dos semanas del terremoto y el país hacía esfuerzos en conocer la dimensión y devastación de la tragedia, el presidente de la República, Abelardo de Espriella, ordenaba operativos para deportar migrantes en situación irregular y extranjeros incursos en delitos.   

La condición migratoria irregular, una infracción de tipo administrativo, la equiparaba con quienes entran a Colombia a cometer delitos e instauraba un discurso que retrata a los migrantes como una amenaza a la seguridad del país. Las conversaciones digitales en redes no tardaron en elevar el tono xenofóbico detonado desde el poder ejecutivo. 

Colombia sigue siendo el principal país de acogida del éxodo venezolano en el mundo, con 2,8 millones de refugiados y migrantes venezolanos, además de casi otro millón de colombianos retornados forzados desde Venezuela que se habían establecido en décadas anteriores y volvieron junto a sus segundas o terceras generaciones. 

En paralelo, la crisis humanitaria agudizada por las dinámicas que impone el conflicto armado interno mantiene a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por la violencia (7,2 millones personas), incluyendo también a personas migrantes y refugiadas.

Los cinco departamentos más golpeados por el terremoto en Colombia concentran 293,064 migrantes venezolanos, entre los cuales un poco más de 74 mil están en situación migratoria irregular, frente a los casi 800 mil que a nivel nacional están en esa misma condición. 

“Esto es muy duro, para los colombianos y migrantes que estamos en el Pacífico. Es lamentable comenzar de cero, las familias tuvieron pérdida total. Psicológicamente hablando, todos estamos muy afectados. Mucha de esta población tuvo pérdidas humanas en Venezuela, lo que hace muchísimo más duro la vivencia de un terremoto en Colombia ”, dice Carmen Hernández, una caraqueña con casi nueve años en Colombia y que ejerce liderazgo social en la Asociación de Migrantes Venezolanos en el Chocó.

“La vulnerabilidad de nuestra población es mucho más grande, no tienen familiares acá. Ha sido una de las etapas más duras que estamos viviendo en la migración en este momento con el tema del terremoto, el 90% está en condición migratoria irregular.”, nos dice esta lideresa. 

Los no regularizados, que perdieron fuentes de empleo, también quedan al margen de los alivios estatales para vivienda. 

“Estamos en un momento no solo de estrés por lo vivido, en albergues y se ha generado mucha angustia entre la población que no está regularizada, pero también la que está regularizada”, advierte Carmen tras el anuncio presidencial. 

A unos 250 kilómetros de allí, desde Pereira, nos habla Luz Polo, actualmente la única mujer colombo-venezolana que ocupa una curul de poder en toda Colombia como diputada de Risaralda, departamento con gravísimas devastaciones y donde residen más de 45 mil migrantes venezolanos. 

“El terremoto afectó a todos, sin distingo de nacionalidad, en el caso de los venezolanos están quienes se les cayó la casa, muchos que debían cobrar sus salarios, quedaron sin empleo y además damnificados. Unos fueron a refugios, otros durmiendo en carpas en el andén donde está su casa inhabitable ¿Por qué? Porque sus pertenencias quedaron allí”, explica Polo al tiempo que rechaza el anuncio que tiende a criminalizar a los migrantes sin regularización. 

“No era el momento. Vemos muy mal el hecho de que el presidente Abelardo haya mezclado migrantes irregulares con migrantes que delinquen. El delito no tiene nacionalidad, delito es delito y ser irregular no es un delito, es una condición de un individuo que está bajo unas medidas de protección internacional, porque se han trasladado de una frontera a otra porque sus derechos humanos fueron vulnerados en su país de origen.”, remata la diputada Polo.

¿” Y ahora qué hacemos”?

Con una Embajada y siete consulados de Venezuela en territorio colombiano, la respuesta ha sido tardía y prácticamente inexistente para sus connacionales.  A través de Instagram la embajada en Bogotá publicó un código QR con “números de atención y enlace para reportar las incidencias del terremoto”. 

A los pocos días el enlace quedó inactivo y los comentarios están cerrados en sus redes. Las autoridades no respondieron las reiteradas peticiones formuladas por nuestro equipo.

Durante el primer mes tras el terremoto, los migrantes y refugiados han apelado a grupos de venezolanos en redes sociales desde el mismo día del terremoto en distintos departamentos en Colombia: buscaban a familiares desaparecidos desde Venezuela y terceros países, piden consejos de qué hacer, anuncian la venta de algunos enseres, preguntan lugares de albergues o dónde conseguir nuevos arriendos. 

La Oficina para Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) ha pedido “reforzar rutas de protección y espacios seguros para la niñez, e incorporar un enfoque diferencial que responda a las necesidades de población migrante, gestantes, lactantes y otros grupos vulnerables”.

Una parte del grupo familiar de Orme ha logrado reunir dinero. Se regresa a Venezuela en una larga travesía. Su hijo mayor, esposa, nietos y sobrina vuelven anhelando una reunificación postergada, vuelven a una nación que contabiliza más de una década sostenida bajo Emergencia Humanitaria Compleja. 

El país, lejos de las promesas de reactivación económica y en medio de un entorno represivo, experimenta el agravamiento en las condiciones de vida, intensificado tras el doblete sísmico del 24 de junio del año en curso, bajo extensos cortes de energía eléctrica, agua, provisión de gas, colapso del sistema de salud  y el inicio de un nuevo año escolar en condiciones muy precarias.  

“Má´yo te quiero más… yo te extraño mucho má´…acá estoy pensando en usted”. Nieve oye una y otra vez los audios de sus niños que le preguntan cuándo y dónde se verán. Su fe inquebrantable de madre espera que se haga justicia, conseguir un acompañamiento jurídico y que las autoridades de Venezuela y Colombia la oigan. “Yo solo quiero que me devuelvan a mis hijos”.

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