El futuro de Venezuela no se decide solo dentro de sus fronteras. Con millones de ciudadanos en el exilio y un régimen que ha cerrado las vías democráticas, la necesidad de una representación legítima en el exterior cobra más fuerza que nunca. Aunque Edmundo González Urrutia negó en su momento la posibilidad de establecer un gobierno en el exilio, la realidad actual exige nuevas estrategias para seguir resistiendo e incidiendo en los escenarios internacionales. Es fundamental avanzar en mecanismos que permitan proteger a los ciudadanos migrantes, fortalecer los apoyos multilaterales y construir estructuras organizadas de gobierno.

Una opción viable para la democracia venezolana

La crisis política y social en Venezuela ha generado un fenómeno migratorio sin precedentes, con más de siete millones de venezolanos buscando mejores oportunidades en el extranjero. En este contexto, la posibilidad de establecer un gobierno en el exilio liderado por Edmundo González Urrutia representa una alternativa legítima no solo para la continuidad institucional de la democracia venezolana, sino también para aliviar la situación de los migrantes en los países de acogida.

A diferencia de intentos previos como el Gobierno Interino de Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia cuenta con una base de legitimidad electoral incuestionable. En las elecciones primarias y en las proyecciones de voto antes del fraude electoral de 2024, más del 70% de los venezolanos le otorgaron su respaldo, incluyendo a la diáspora, que fue despojada de su derecho al voto. Esto le confiere un mandato real y una representatividad que puede traducirse en acciones concretas a nivel internacional.

Reconocimiento internacional y diplomacia efectiva

El reconocimiento de un gobierno en el exilio no puede limitarse a una declaración simbólica. Para que tenga un impacto real, la gran cantidad de países que han respaldado a Edmundo González Urrutia deben extender ese reconocimiento a las estructuras diplomáticas y administrativas que este gobierno establezca.

Históricamente, los gobiernos en el exilio han sido fundamentales en la resistencia contra regímenes autoritarios y la defensa de los derechos de sus ciudadanos. Ejemplos como el gobierno republicano español en el exilio, respaldado por México tras la Guerra Civil Española, o el Comité Francés de Liberación Nacional liderado por Charles De Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial, demuestran que esta estrategia puede ser efectiva si cuenta con una estructura operativa bien definida. Asimismo, el caso de Bielorrusia es un referente reciente: tras las fraudulentas elecciones de 2020, la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya estableció una estructura de gobierno en el exilio con reconocimiento parcial de varios países europeos, permitiendo mantener viva la causa democrática bielorrusa.

Un gobierno en el exilio de Edmundo González Urrutia podría establecer consulados y oficinas de atención para la diáspora venezolana, asegurando que los migrantes cuenten con representación efectiva. Esto permitiría la gestión de documentos esenciales como pasaportes, certificaciones de identidad y antecedentes penales, instrumentos clave para garantizar la estabilidad de los venezolanos en el exterior.

La validez de la documentación venezolana en el exterior

En el derecho internacional, la validez de la documentación oficial depende del reconocimiento del gobierno que la emite. Si un país no reconoce al régimen de Nicolás Maduro como legítimo, tampoco debería reconocer los documentos expedidos por su administración, ya que hacerlo implicaría una contradicción en términos de política exterior. Además, obtener actualmente estos documentos resulta costoso y complejo para los venezolanos que residen fuera del país, lo que agrava aún más su situación migratoria.

Una alternativa viable sería la implementación de acuerdos de reconocimiento migratorio entre el gobierno en el exilio y los países que lo respalden, permitiendo el uso de documentos locales o la convalidación de identificaciones emitidas por organismos internacionales. Esto no solo reduciría los costos y la burocracia para los venezolanos en el exterior, sino que también garantizaría mayor seguridad jurídica y estabilidad en su estatus migratorio. Además, representaría una manera coherente de honrar el reconocimiento otorgado a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo, dándole verdadera capacidad de gestión sobre la situación de la diáspora venezolana.

La creación de un sistema de identidad propio del gobierno en el exilio podría ser una solución efectiva. Si los países que reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente también aceptan la validez de los documentos emitidos por sus representaciones diplomáticas, esto facilitaría la movilidad y permanencia regular de los venezolanos en esos territorios. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares respalda la función de las misiones consulares en la protección y asistencia a sus nacionales en el exterior, lo que podría servir de base legal para este tipo de iniciativas. Además, de existir acuerdos con gobiernos que reconozcan a Edmundo, pudieran evitarse o reducir los impactos de decisiones como la que ha tomado la administración de Trump y que afecta a los migrantes. Esta sería una verdadera prueba de fuego para que un presidente como Edmundo pueda gestionar soluciones concretas a favor de la diáspora.

Estructuras político-administrativas para la gobernanza de la diáspora

Para que un gobierno en el exilio sea efectivo, no basta con la representación diplomática. Es fundamental la creación de estructuras político-administrativas que permitan la gestión efectiva de la diáspora. Esto requeriría la participación de funcionariado y líderes electos por los propios migrantes, estableciendo una gobernanza descentralizada que responda a las condiciones específicas de cada país de acogida.

Se podrían crear Consejos Regionales de Venezolanos en el Exilio, con representantes elegidos democráticamente por la diáspora en cada territorio. Estos organismos tendrían la tarea de coordinar con los gobiernos locales, promover la integración de los migrantes y articular políticas de regularización y acceso a derechos ciudadanos. Además, permitirían que la comunidad venezolana participe activamente en la toma de decisiones sobre su futuro.

Un gobierno en el exilio con impacto real

Un gobierno en el exilio liderado por Edmundo González Urrutia podría ser mucho más que una declaración política. Contar con el reconocimiento de la comunidad internacional y desarrollar estructuras político-administrativas sólidas, podría convertirse en una herramienta fundamental para mejorar la situación de la diáspora y servir de prefacio al gobierno real que eligieron los venezolanos.

El reconocimiento diplomático debe traducirse en la aceptación de la documentación expedida por este gobierno, facilitando la movilidad y permanencia regular de los migrantes en los países de acogida. Además, la creación de estructuras de gobernanza permitiría la participación de la diáspora en la toma de decisiones, asegurando que las políticas implementadas respondan a sus necesidades.

Este modelo no solo fortalecería a la comunidad venezolana en el exterior, sino que también sentaría las bases para una futura transición democrática en Venezuela, demostrando que la resistencia no solo se da dentro del territorio nacional, sino también desde el extranjero, con organización, liderazgo y visibilidad internacional.

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En medios tradicionales y redes sociales creó gran revuelo la publicación de un proyecto de resolución que apuntaba a exigir pasaportes nuevos a los venezolanos para ingresar al territorio colombiano, echando por tierra una anterior medida adoptada por el gobierno antecesor de Iván Duque en favor de la diáspora que reconoce durante 10 años los pasaportes aún vencidos (hasta 2031)

Colombia, que acoge a más de 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos (37% del éxodo mundial), parece oscilar entre el retroceso y la ambigüedad desde el poder Ejecutivo frente a las medidas de protección diseñadas con anterioridad para los migrantes y refugiados de Venezuela, quienes han huido de la emergencia humanitaria compleja que no se detiene.

¿En qué consistía la medida?

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia, publicó en su página web el pasado 24 de abril un proyecto para derogar la Resolución 2231 de 2021 que establece las “disposiciones para el ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio colombiano, para los nacionales venezolanos que porten el pasaporte vencido”, en pocas palabras, reconocía a los pasaportes caducados como documentos de identificación.

La Cancillería colombiana, a través del Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, consideró que los motivos que generaron la excepcionalidad de reconocer los pasaportes vencidos quedaron superados por el mero hecho del “restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Colombia y Venezuela y la reapertura de la frontera terrestre entre ambos países”. En el portal se establecieron apenas seis días para dejar observaciones y comentarios, pero la misma noche del 25 de abril el proyecto fue despublicado sin explicación alguna, como ya ha sucedido con información oficial relacionada con la migración.

Solo 24 horas después de la polémica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió en su cuenta en X (antes Twitter) lo que denunciaban los medios colombianos: “Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos.” La publicación daba por sentado que el proyecto no avanzaría.  Luego el canciller (e) Luis Murillo, enviaba un mensaje más directo: “es importante que los funcionarios de esta Cancillería entiendan que la filosofía de este gobierno no es ponerle trabas a la población migrante, sino facilitarles su acogida, tienen que tener una concesión distinta».

Pero sí fue cierto. El proyecto estuvo en línea, permitía descargarlo junto a la Memoria Justificativa y llevaba el sello del proponente: el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, adscrito a Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano de la Cancillería. Tal vez una muestra más de la ambivalencia que en materia migratoria caracteriza al gobierno de Gustavo Petro, en la que parecen coexistir enfoques que van desde la protección, la restricción y hasta la réplica del discurso manipulador y revictimizante del gobierno madurista contra la diáspora.

¿Cuánto cuesta un pasaporte venezolano?

Lo que no relató la Cancillería colombiana en el proyecto son las persistentes limitaciones para acceder al derecho a la identidad de los venezolanos, que se traducen en barreras  económicas, logísticas e institucionales para obtener desde un registro de nacimiento, una cédula o un pasaporte. Por ejemplo, para quienes están dentro de Venezuela el costo es de US$216, mientras el salario mínimo en el país es menor a US$5 (o sea, menos de 19,500 pesos colombianos mensuales). A esto se añaden los constantes y extensos cortes de electricidad, quejas sobre la caída del sistema, el no reconocimiento de los pagos, las brechas digitales entre la población y lograr obtener los demás documentos de identidad como la cédula y la partida de nacimiento, que exigen nuevos procedimientos.

Para los venezolanos que están en Colombia, el costo del pasaporte es de US$216 además de otros US$120 por concepto de aranceles consulares (que se deben entregar en efectivo), para un total de US$336. Adicionalmente a la demora en la llegada de las valijas con los pasaportes, a quienes el sistema les arroje un error migratorio estando en el exterior no pueden resolverlos en los consulados y deben solucionarlo a través de un familiar en Venezuela y pagar una multa de US$30, incluso exponerse a estafas de recurrir a gestores no oficiales.

Si bien existen seis consulados de Venezuela en el país (Bogotá, Medellín, Riohacha, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta), para quienes están en departamentos lejanos deben incluir costos asociados de traslado a esas sedes consulares, tanto para el trámite como para el retiro. Por ejemplo, un migrante en que resida en Cali, si opta por el trámite en Medellín deberá hacer viaje doble: recorrer casi ocho horas en carretera y contar con mas de US$100 para movilizarse para realizar la solicitud y el retiro del documento.

Otro aspecto, es que el pasaporte, ya sea vigente o vencido, ha sido un requisito reconocido para los migrantes (menores de edad y adultos) que se registraron para optar por el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento de regularización amparado en el decreto 216 de 2021 que da vida al ETPV (Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos). De paso, vale mencionar que la regularización por este mecanismo está cerrada y la promesa de Migración Colombia, de abrir un nuevo instrumento para octubre de 2023 sigue en el limbo: los migrantes siguen entrando a Colombia y se estima que casi 490 mil están sin regularización.  

¿Qué hubiese sucedido con el actual permiso PPT que facilita la salida y entrada entre Colombia y Venezuela hasta 180 días?, ¿Cómo hubiese afectado el trámite de visas de residentes (R) para venezolanos bajo ETPV? Las interrogantes quedan para la reflexión.

Durante el tiempo que parecía inminente la aplicación de la medida, dejaba también en ascuas a los migrantes venezolanos en Ecuador, quienes quedaron sin asistencia tras la decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar las sedes consulares en ese país y tener como única opción acudir a los consulados en territorio colombiano.

La emisión de pasaportes venezolanos también se ha convertido en fuente de captación importante y constante de divisas para el gobierno de Nicolás Maduro a través de los consulados, debido a la gran demanda que no cesa. Por ejemplo, el arribo más reciente de la valija diplomática al Consulado en Medellín anunció la llegada de casi 300 pasaportes, que multiplicados por los 336 dólares que cuesta cada documento implicó el ingreso de unos 100,000 dólares estadounidenses al régimen venezolano. Esto, sin contar otros trámites también tasados en dólares, como prórrogas o visados. El venezolano, se encuentra entre los pasaportes más caros del mundo.

“Sería un grave retroceso”

Tras la alerta generada en medios y redes sociales, la preocupación e incertidumbre creció entre organizaciones de base comunitaria que atienden a la población migrante, oenegés de derechos humanos y especialistas e investigadores que siguen con detenimiento el proceso de la diáspora venezolana en Colombia y en la región.

“Esta decisión sería un grave retroceso. Según encuestas en el Darién, más del 90% de venezolanos que cruzan la selva no tienen un pasaporte vigente. Obtener un pasaporte es difícil y extremadamente costoso para la inmensa mayoría de los venezolanos. Muchos están huyendo”, alertó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

La fundación “Juntos Se Puede”, que trabaja por la población migrante en varias regiones de Colombia emitió un comunicado a la Presidencia y a la Cancillería de Colombia en el que advertía que «retroceder en los derechos para la población migrante es abrir paso a mafias y coyotes que trabajan en alianza con el ELN en la frontera, que son los únicos beneficiarios de la llegada de venezolanos de manera irregular”.

Mientras el Canciller colombiano ha anunciado sin mucho detalle la creación de visas especiales de  trabajo para la población en situación de movilidad y que el país facilitará un corredor humanitario para los migrantes que quieren retornar a sus países de origen, la corriente parece ir en dirección distinta, si se toma en cuenta que el éxodo el venezolano no se detiene, ni se detendrá mientras persista la emergencia humanitaria compleja y el incierto panorama electoral que enfrenta el vecino país, que anhela una transición hacia la democracia

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