Donald Trump anunció el viernes 28 de agosto un acuerdo petrolero que otorga a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, negociado con la encargada del gobierno venezolano Delcy Rodríguez.

Según un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN, Washington obtiene el control efectivo del 55% de la producción de una nueva empresa conjunta privada, que sería la segunda petrolera privada más grande del mundo por volumen de reservas.

Rodríguez, con respaldo estadounidense, otorgó a esa empresa concesiones por 100 años para explotar los yacimientos. Un día antes, la OFAC del Tesoro modificó licencias clave vinculadas a PDVSA y al sector energético para facilitar la reinversión de empresas estadounidenses.

¿Qué gana EE.UU.?

Trump aseguró que la operación se cierra «sin costo alguno para el contribuyente estadounidense» y que más que duplicará las reservas petroleras estadounidenses, aumentará el suministro y reducirá los precios de la gasolina. El crudo obtenido a costo se destinaría a reabastecer la Reserva Estratégica y las necesidades militares de EE.UU.

Impacto en Venezuela

En el plano económico, Rodríguez habla de inversiones superiores a 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones en impuestos futuros para el Estado, ligados al desarrollo de 17 campos estratégicos.

Políticamente, el chavismo presenta el pacto como un «renacimiento nacional», aunque durante años calificó la inversión extranjera en petróleo como amenaza a la soberanía.

En lo social, persisten dudas sobre transparencia y constitucionalidad, y las primeras reacciones muestran cuestionamientos por la opacidad y el plazo atribuido al acuerdo, sin que exista evidencia de un rechazo mayoritario en la sociedad.

El enroque geopolítico del chavismo

El pacto profundiza el desplazamiento de China y Rusia —hasta ahora principales socios petroleros de Caracas— del tablero energético venezolano, y consolida a Estados Unidos como actor determinante en las mayores reservas probadas del planeta, en momentos en que Washington ya es el mayor productor mundial de crudo.

El proceso ocurre ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro y en paralelo a una mesa de diálogo político con la oposición, cuya figura principal, María Corina Machado, exige elecciones libres como condición para una transición compl

Empleo y costo social.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el pacto traerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada y «miles de empleos bien remunerados» para los venezolanos, en un país cuya reconstrucción depende en gran medida de esa inyección de capital. Chevron, la principal poperadora americana en Venezuela, ya elevó su producción a 280.000 barriles diarios y proyecta un alza del 50% hacia 2028.

La pregunta pendiente es a qué costo: persisten dudas sobre el estado de una infraestructura petrolera desgastada por años de sanciones y desinversión, y sobre el historial de expropiaciones a inversionistas extranjeros que marcó la relación entre Caracas y las petroleras en décadas pasadas —un pasado que la industria energética venezolana, pese a su deterioro actual, supo construir como potencia mundial del sector.

La salida de la OPEP.

Según Infobae, funcionarios estadounidenses evalúan con Caracas la posibilidad de que Venezuela abandone la organización que ayudó a fundar hace más de sesenta años; el país ya no está sujeto a cuotas por su producción reducida, pero una salida formal lo liberaría de cualquier límite futuro.

Para Washington, esto representaría petróleo venezolano fuera del marco de precios coordinados del cártel, maximizando producción a largo plazo; para la OPEP, perder a un miembro fundador tendría un peso histórico y estratégico, y reduciría su capacidad de influir en los precios globales.

Las dudas sobre la legalidad.

Un análisis del portal Venezuela Política señala que las versiones conocidas hasta ahora no describen una compraventa convencional de yacimientos, sino distintas fórmulas para que empresas estadounidenses desarrollen las áreas seleccionadas y una parte relevante del crudo llegue al mercado de EE.UU.; el mismo medio advierte que las primeras reacciones incluyen cuestionamientos por la opacidad del proceso, el plazo atribuido a las concesiones —hasta cien años, según fuentes de la Casa Blanca— y dudas constitucionales sobre la capacidad de un gobierno interino, no electo mediante un proceso reconocido internacionalmente, para comprometer activos estratégicos de la nación por un período tan extenso.

A ello se suma que Rodríguez negocia el acuerdo bajo un régimen que, según medios internacionales, se debate entre denunciar su propia condición de gobierno impuesto tras la captura de Maduro y cooperar con Washington ante presiones explícitas.

Sectores de oposición y analistas plantean que un pacto de esta magnitud, sin refrendo parlamentario ni consulta popular verificable, abre un debate jurídico sobre su validez futura ante eventuales cambios de gobierno, mientras que voceros chavistas y el propio Rubio lo defienden como una vía necesaria para atraer inversión y reconstruir la infraestructura petrolera del país.

Será el tiempo, con su devenir, quien se encargue de dilucidar este nuevo y polémico capítulo de nuestra historia.

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